i hay una asignatura que se le atraganta a la Unión Europea en este siglo XXI, esa es la cuestión de la migración. Llevamos avergonzándonos y siendo la vergüenza del mundo desde que los cayucos y las pateras muestran el peor rostro del bunker de privilegios europeos, permitiendo la trágica muerte de niños, mujeres y hombres en el Mediterráneo. La guerra de Siria aun mostró más nuestros demonios internos de la insolidaridad y desde entonces, las instituciones europeas han intentado dar respuesta la llamada desesperada de cientos de miles de seres humanos que ven en la Unión la tierra prometida de prosperidad, libertad y respecto de los Derechos Humanos. Ahora que termina la legislatura 20219-2024, casi en tiempo de descuento, Bruselas ha aprobado el nuevo pacto de asilo y migración con un amplio paquete legislativo que resuelve muchos de los temas fundamentales, pero sigue dejando pendiente cuestiones básicas. Un paso, necesario, pero no suficiente.
SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD. El nuevo reglamento de gestión de asilo y migración prevé una solidaridad obligatoria para los países de la UE reconocidos como sujetos a presión migratoria. Los Estados miembros pueden elegir entre reubicar a los solicitantes de asilo en su territorio, realizar contribuciones financieras o proporcionar apoyo operativo y técnico, cuando sea necesario. El texto también determina nuevos criterios según los cuales un Estado miembro es responsable de examinar las solicitudes de protección internacional (antiguas normas de Dublín). Por su parte, El reglamento de crisis y fuerza mayor establece un mecanismo para garantizar la solidaridad y el apoyo a los Estados miembros que se enfrentan a una afluencia excepcional de nacionales de terceros países. Las nuevas normas también cubrirán situaciones de instrumentalización de los inmigrantes, es decir, cuando los inmigrantes son utilizados por terceros países o actores no estatales hostiles para desestabilizar la UE. Sobre la base de una evaluación de la Comisión, el Consejo decide las medidas obligatorias de solidaridad y las excepciones a los procedimientos de control y asilo.
CONTROLES NACIONALES A TERCEROS. Según el nuevo reglamento de control, las personas que no cumplan las condiciones para entrar en la UE estarán sujetas a un procedimiento de control previo a la entrada, que incluirá identificación, recopilación de datos biométricos y controles de salud y seguridad, durante un máximo de siete días. Se tendrán en cuenta las necesidades específicas de los niños y cada Estado miembro tendrá un mecanismo de seguimiento independiente para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. El reglamento sobre procedimientos de asilo establece un procedimiento común en toda la UE para conceder y retirar protección internacional, reemplazando diferentes procedimientos utilizados en los estados miembros. La tramitación de las solicitudes de asilo debería ser más rápida, con límites más cortos para solicitudes manifiestamente infundadas o inadmisibles y en las fronteras de la UE. Incluye un procedimiento de retorno en frontera.
RECEPCIÓN DE SOLICITANTES DE ASILO. El objetivo principal de la directiva revisada sobre las condiciones de recepción es garantizar estándares de recepción equivalentes en todos los estados miembros de la UE en lo que respecta a las condiciones materiales, incluida la vivienda, la atención médica y un nivel de vida adecuado para los solicitantes de asilo. Los solicitantes de asilo registrados podrán empezar a trabajar antes y sus perspectivas de integración mejorarán. Las nuevas normas también deberían disuadir a los solicitantes de moverse por la UE después de su registro inicial. Los Estados miembros participarán en el plan ofreciendo reasentamiento voluntario a refugiados particularmente vulnerables que permanezcan en terceros países. Las personas presentadas para reasentamiento, identificadas en la mayoría de los casos por ACNUR y aceptadas por un Estado miembro concreto, podrán llegar al territorio de la UE de forma legal, organizada y segura. Se les ofrecerán soluciones duraderas y a largo plazo a su desplazamiento con estatus legal. Las nuevas normas pretenden reducir las divergencias entre los enfoques nacionales y conducir a una política de la UE más racionalizada.
