El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la operación de concentración entre BBVA y Sabadell con la condición de “mantener la personalidad jurídica, el patrimonio separado y la autonomía en la gestión” en los próximos tres años, según anunció el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Con esta decisión, el Gobierno endurece las condiciones impuestas inicialmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para aceptar la opa hostil lanzada por el BBVA sobre el Sabadell. La Ley de Competencia, en la que se ha amparado el Consejo de Ministros, permite al Gobierno suavizar o endurecer las condiciones de la CNMC en nombre del interés general.
Según declaró Carlos Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta medida permitirá mantener la independencia del Sabadell en lo que se refiere a autonomía en la gestión, financiación y crédito a pymes, recursos humanos, red de oficinas y obra social. Con esta decisión, el Sabadell seguirá siendo una entidad separada jurídicamente durante al menos tres años, ampliables a otros dos.
El proceso comenzó hace trece meses. En este periodo, el Banco Central Europeo dio su visto bueno en septiembre y la CNMC lo hizo en mayo, tras lo cual abrió un plazo de 15 días para que el Ministerio de Economía decidiese si elevaba la cuestión al Consejo de Ministros, como finalmente hizo.
El socio minoritario del Gobierno de coalición, Sumar, había pedido al Consejo de Ministros que introdujese una serie de condiciones, concretamente que se vetasen despidos, cierres de oficinas y la fusión entre ambas entidades. Por su parte, la Comisión Europea se ha mostrado recelosa con la posibilidad de que el Gobierno impida la transacción y ha advertido de que la Ley de Competencia podría contravenir los tratados europeos.
Por su parte, el presidente de BBVA, Carlos Torres, recordó ayer lunes que tiene la potestad legal de retirar la oferta si considera que las nuevas condiciones acordadas por el Gobierno afectan a la rentabilidad de la operación e incluso no descarta la posibilidad de recurrir la decisión del Ejecutivo, la cual, por su naturaleza, es recurrible ante el Supremo. La entidad considera que el Gobierno solo tiene competencia para suavizar las condiciones de la CNMC y no para endurecerlas.