Aunque hubo un amplio respaldo a la idea de una cláusula de escape nacional para facilitar este aumento, varios Estados miembros insistieron en que la medida debe ser temporal y no comprometer la estabilidad fiscal. La reunión del Consejo de Economía y Finanzas también sirvió para aprobar la digitalización del IVA y una tributación mínima del 15% para grandes empresas.
La reunión del Consejo fue precedida por un debate ministerial informal sobre los gastos de defensa y su tratamiento en el marco de gobernanza económica después de que el pasado 6 de marzo los jefes de Estado y de Gobierno respaldasen el plan comunitario que busca movilizar hasta 800.000 millones de euros en defensa mediante reglas fiscales más flexibles, permitiendo a los países aumentar su gasto hasta un 1,5% del PIB sin incurrir en sanciones por déficit. También contempla un fondo de préstamos de 150.000 millones de euros financiado con deuda común.
Según el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis,hubo un amplio consenso sobre la necesidad de activar de forma coordinada la cláusula de escape nacional, lo que permitiría a los países incrementar su gasto en defensa sin incurrir en sanciones.
Sin embargo, señaló, muchos Estados miembros subrayaron que esta medida debería ser temporal y específica, lo que sugiere que la activación debe ser una solución a corto plazo y no una medida estructural permanente. También se acordó que este aumento en el gasto debería ser parte de una transición hacia un nivel más alto de gasto en defensa de forma estructural, pero siempre considerando la sostenibilidad fiscal, es decir, que no ponga en riesgo la estabilidad económica a largo plazo.
En relación a la definición de lo que constituye el gasto en defensa, Dombrovskis mencionó que hay varias ventajas en utilizar una definición amplia como la de COFOG, un sistema estadístico internacional que incluye tanto el gasto militar como el civil, y que se alinea con la definición de la OTAN. Esto permitiría a la UE avanzar rápidamente en la implementación de la medida, ya que COFOG es un concepto bien establecido y respaldado por una base estadística sólida.
Destacó que se tomaron en cuenta las preocupaciones de los países con un gasto elevado en defensa, que pidieron que se consideraran sus particularidades.
Aunque la discusión se centró en el gasto militar y la flexibilidad fiscal, Alemania propuso reabrir las reglas fiscales para revisarlas nuevamente, pero no obtuvo apoyo mayoritario. Andrzej Domański, Ministro de Finanzas de Polonia, defendió que el marco actual ya ofrece margen suficiente para aumentar la inversión en defensa sin comprometer la credibilidad financiera de la UE.
Competitividad, simplificación y modernización fiscal en la UE
La Comisión Europea presentó los primeros paquetes legislativos de 2025 para mejorar la sostenibilidad, simplificación de la inversión y competitividad.
En el ámbito fiscal, los ministros aprobaron el paquete “IVA en la era digital”, que moderniza las normas fiscales de la UE. Entre sus principales medidas, establece que, para 2030, las empresas con operaciones transfronterizas deberán cumplir con obligaciones de reporte totalmente digitalizadas. Además, las plataformas en línea deberán pagar el IVA por servicios de alojamiento y transporte si los proveedores individuales no lo hacen, y se ampliará el sistema de ventanilla única para simplificar los trámites fiscales.
Asimismo, el Consejo aprobó una agenda de simplificación tributaria para reducir la burocracia y mejorar la competitividad. Este plan se basa en cuatro principios: reducción de cargas administrativas, eliminación de normativas obsoletas, mayor claridad legislativa y mejor aplicación de las reglas fiscales. La Comisión deberá presentar un plan detallado antes de finales de 2025.
Por último, los ministros alcanzaron un acuerdo sobre la Directiva DAC9, que refuerza la cooperación en la tributación mínima efectiva de grandes empresas. La norma exige que las multinacionales presenten información fiscal bajo un formato estándar alineado con las directrices del G20 y la OCDE. Su objetivo es garantizar que tributen al menos un 15% y facilitar el intercambio de información entre administraciones fiscales.
Los Estados miembros deberán implementar la DAC9 antes del 31 de diciembre de 2025. Aquellos que opten por retrasar la aplicación de la Directiva del Pilar 2 seguirán obligados a cumplir con esta fecha límite.
Con estas medidas, la UE busca fortalecer su capacidad de defensa y modernizar su sistema fiscal, asegurando mayor competitividad y transparencia en el mercado europeo.