La Presidencia belga del Consejo y el Parlamento han llegado a un acuerdo provisional en relación a una propuesta de ley de la sobre procedimientos en materia penal. El acuerdo contiene una serie de normas que regulan las condiciones en que el procedimiento penal iniciado en un Estado miembro puede transferirse a otro. Uno de sus objetivos es garantizar que el país mejor ubicado investigue un delito penal para prevenir procedimientos innecesarios en diferentes estados miembros de la UE. También se quiere mejorar el régimen de actuación contra la delincuencia transfronteriza. Se deberán respetar los derechos básicos de los delincuentes mientras son traspasados de un proceso penal de un país a otro. El reglamento también prevendrá la impunidad en los casos en que se deniegue la entrega de una persona a otro Estado miembro. Las normas se transfieren al país donde es trasladado, lo que garantiza que esa persona se siga catalogando como delincuente. Paul Van Tigchelt, viceministro belga y ministro de Justicia y Mar del Norte, declara: “La lucha eficaz contra la delincuencia también significa que los países de la UE cooperan para que se lleve a cabo la investigación penal en el país que está en mejores condiciones para servir a la justicia. Esta ley será un gran paso adelante para que esto suceda”. Para solicitar la transferencia de un delincuente de un país a otro, se deberán de cumplir una serie de criterios comunes: El delito debe haberse perpetrado en el territorio del Estado miembro al que se ha de trasladar el procedimiento o al menos la mayor parte de los efectos del delito o de una parte sustancial del daño ocurrido en dicho Estado miembro. Al menos uno o varios sospechosos son nacionales de ese Estado miembro o residentes en ese Estado miembro Uno o más sospechosos deben estar presentes en el Estado miembro al que se trasladará el proceso Las pruebas y testigos más relevantes para la investigación se encuentran en ese Estado miembro. Que se están llevando a cabo procedimientos penales en relación con los mismos u otros hechos contra el sospechoso o acusado en el Estado miembro que se convertirían en responsables del proceso. La transferencia debe ser comunicada al país de traslado en un plazo máximo de 60 días, el cual podrá prorrogarse en 30 días adicionales, la transferencia será emitida por el país solicitante. La remisión de procedimientos será denegada si el país no es capaz de establecer en el proceso legal en relación a la solicitud de traslado. Por ejemplo, el caso si la conducta en relación con la cual se formuló la solicitud no constituye un delito penal con arreglo a la legislación del Estado requerido. LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA Y EL ACUSADO El acuerdo también relata ciertas obligaciones en relación a los derechos fundamentales de los sospechosos, acusados y las víctimas afectadas. Entre otras cosas debe tener en cuenta los intereses legítimos de estos y la obligación de que sean informados sobre su traslado y el derecho a emitir una opinión sobre la transferencia. También tendrán derecho a un recurso jurídico efectivo contra la decisión de un país de aceptar la remisión de actuaciones penales, esta medida la ejercerán en el país de traslado. Se estimará un plazo para solicitar un recurso legal de no más de 15 días a partir de la fecha de recepción de la decisión de aceptar la remisión de procedimientos penales. La decisión final sobre el recurso legal debe aprobarse de forma íntegra y en un plazo máximo de 60 días. ANTECEDENTES Debido al incremento de la delincuencia transfronteriza, la justicia penal en la ha tenido que hacer frente a cada vez más a situaciones en las que varios Estados miembros tienen jurisdicción para enjuiciar el mismo caso. Esto se puede observar en el caso de los delitos cometidos por grupos delictivos organizados. Las normas sobre la remisión de los procedimientos penales esclarecen qué Estado miembro estaría en mejores condiciones para llevar a cabo un proceso penal. También son fundamentales para respetar los derechos fundamentales de los acusados.
