El acuerdo provisional alcanzado este jueves tiene como objetivo hacer que los precios de la electricidad dependan en menor medida de los combustibles fósiles para que sean más estables y así proteger a los consumidores de los aumentos de precios. El consenso incluye acuerdos de compra de energía, acceso a energía asequible durante una crisis de precios de la electricidad; protección contra desconexiones para clientes vulnerables; mecanismos de remuneración de la capacidad; y Contratos por Diferencia. Así pues, el Consejo y el Parlamento han acordado dar a los Estados miembros la posibilidad de apoyar exclusivamente la compra de nueva generación renovable, cuando las condiciones así lo permitan y en línea con los planes de descarbonización de cada país. Los colegisladores también acordado conceder al Consejo el poder de declarar una crisis , sobre la base de una propuesta de la Comisión relacionada con el precio medio mayorista de la electricidad o con un fuerte aumento de los precios minoristas de la electricidad. En caso de crisis, las instituciones han establecido las medidas que deberían adoptar los Estados miembros incluyendo la posibilidad de reducir aún más los precios de la electricidad para los clientes vulnerables y desfavorecidos. En ese sentido, también se aboga por reforzar las medidas de cada país de la UE para proteger a los clientes vulnerables y pobres desde el punto de vista energético. En relación con los mecanismos de remuneración de la capacidad, ambos colegisladores acordaron integrarlos de manera más estructural en el mercado de la electricidad. Además, se establece la posibilidad de una excepción a la aplicación del límite de emisiones de CO2 para los mecanismos de capacidad ya autorizados, siempre que exista una justificación adecuada. En cuanto a los Contratos por Diferencia (CfD), el Reglamento establece la implementación de contratos bidireccionales para nuevas instalaciones de generación de energía, como eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica sin embalses y nuclear. Se establece un período de transición de tres años después de la entrada en vigor del Reglamento para aplicar normas específicas a los CfD bidireccionales, garantizando seguridad jurídica a proyectos en curso. El acuerdo provisional permite flexibilidad en la redistribución de ingresos generados, pudiendo asignarse a clientes finales o utilizarse para financiar apoyo directo a precios o inversiones que reduzcan los costos de electricidad para consumidores finales. La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha celebrado el acuerdo apuntando que gracias a este, la Unión Europea podrá estabilizar los mercados a largo plazo, acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables y libres de fósiles, ofrecer electricidad más asequible a los ciudadanos de y mejorar la competitividad industrial.
