El Consejo y el Parlamento llegan a un acuerdo sobre la reforma de las reglas fiscales

Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político provisional sobre la reforma propuesta del marco de gobernanza económica de la UE. El principal objetivo de la reforma es garantizar unas finanzas públicas sanas y sostenibles, al tiempo que se promueve un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros a través de reformas e inversiones. El Consejo y el Parlamento acordaron mantener el objetivo general de la reforma de reducir los ratios de deuda y los déficits de una manera gradual, realista, sostenida y favorable al crecimiento, protegiendo al mismo tiempo las reformas y la inversión en áreas estratégicas como la digital, la verde, la social o la defensa. Al mismo tiempo, el nuevo marco brindará un margen adecuado para políticas anticíclicas y abordará los desequilibrios macroeconómicos.

El acuerdo también mantiene la obligación de que los estados miembros presenten planes estructurales fiscales nacionales a mediano plazo.

"Las nuevas normas mejorarán significativamente el marco existente y garantizarán normas efectivas y aplicables para todos los países de la UE. Salvaguardarán unas finanzas públicas equilibradas y sostenibles, reforzarán la atención prestada a las reformas estructurales y fomentarán las inversiones, el crecimiento y la creación de empleo en toda la UE. Me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo equilibrado que ahora permitirá una rápida implementación", ha señalado Vincent Van Peteghem, ministro belga de Finanzas.

La Comisión presentará una 'trayectoria de referencia' (anteriormente llamada 'trayectoria técnica') a los estados miembros donde la deuda pública supera el 60% del producto interior bruto (PIB) o donde el déficit público supera el 3% del PIB. El acuerdo provisional prevé un diálogo previo opcional y factual entre los Estados miembros y la Comisión.

La trayectoria de referencia indica cómo los Estados miembros pueden garantizar que al final de un período de ajuste fiscal de cuatro años, la deuda pública esté en una trayectoria descendente plausible o se mantenga en niveles prudentes en el mediano plazo.

El acuerdo provisional contiene dos salvaguardias que debe cumplir la trayectoria de referencia, la salvaguardia de la sostenibilidad de la deuda , para garantizar una disminución de los niveles de deuda, y la salvaguardia de la resiliencia del déficit, para proporcionar un margen de seguridad por debajo del valor de referencia del déficit del Tratado del 3% del PIB, en para crear reservas fiscales.

Con base en la trayectoria de referencia, los estados miembros incorporan la trayectoria de ajuste fiscal, expresada como trayectorias de gasto neto, en sus planes estructurales fiscales nacionales a mediano plazo. Por consiguiente, los planes, incluidas las trayectorias de gasto neto, deben ser aprobados por el Consejo. El acuerdo establece que una cuenta de control registrará las desviaciones de las trayectorias de gasto neto específicas de cada país.

Las nuevas normas fomentarán aún más las reformas estructurales y las inversiones públicas para la sostenibilidad y el crecimiento. Los Estados miembros podrán solicitar una extensión del período de ajuste fiscal de cuatro años a un máximo de siete años, si llevan a cabo ciertas reformas e inversiones que mejoren la resiliencia y el potencial de crecimiento y apoyen la sostenibilidad fiscal y aborden las prioridades comunes de la UE. Estos incluyen lograr una transición justa, ecológica y digital, garantizar la seguridad energética, fortalecer la resiliencia social y económica y, cuando sea necesario, desarrollar capacidades de defensa.

El acuerdo político provisional sobre el componente preventivo del marco de gobernanza económica está sujeto a la aprobación del Consejo en el comité de representantes permanentes y de la comisión de asuntos económicos del Parlamento antes de pasar por una votación formal tanto en el Consejo como en el Parlamento. Una vez adoptado, el texto se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor al día siguiente.

El reglamento sobre el componente correctivo y la directiva sobre los requisitos para los marcos presupuestarios de los estados miembros solo requieren que se consulte al Parlamento Europeo.

El objetivo es adoptarlos en el Consejo al mismo tiempo que el brazo preventivo.

La gobernanza económica es un pilar clave de la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria, desde 1992, cuyo objetivo es prevenir y corregir desequilibrios macroeconómicos que podrían debilitar las economías nacionales y afectar a otros países de la UE a través de efectos de contagio transfronterizos.

La economía de la UE se enfrenta a nuevos desafíos con la recuperación de la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. En un contexto de mayores niveles de deuda, tipos de interés y nuevos objetivos comunes de inversión y reforma, la UE está reformando el pacto de estabilidad y crecimiento y cómo podría mejorarse aún más su eficacia.

El 26 de abril de 2023, la Comisión presentó un paquete de tres propuestas legislativas: dos reglamentos destinados a sustituir (parte preventiva) o modificar (parte correctora) los dos pilares del pacto de estabilidad y crecimiento adoptado por primera vez en 1997, y una directiva modificada sobre los requisitos para los marcos presupuestarios de los estados miembros.

El 21 de diciembre de 2023, el Consejo aprobó formalmente un mandato para negociar con el Parlamento Europeo sobre el reglamento del brazo preventivo y un acuerdo de principio con vistas a consultar al Parlamento Europeo sobre el reglamento del brazo correctivo y la directiva sobre los requisitos de los marcos presupuestarios nacionales.

El Consejo Europeo ha dado impulso político a la reforma, más recientemente en su reunión de los días 26 y 27 de octubre de 2023.

El negociador del Consejo fue Vincent Van Peteghem, Viceprimer Ministro y Ministro de Finanzas de Bélgica. Las negociadoras del Parlamento Europeo fueron las coponentes Esther de Lange y Margarida Marques. La Comisión estuvo representada por el vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis