El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzan un acuerdo para reforzar la normativa de la UE contra el abuso sexual infantil vigente desde 2011

La Presidencia del Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron este lunes un acuerdo que actualiza la normativa penal de la UE en materia de abuso sexual infantil y explotación sexual de menores en vigor desde 2011. La reforma incluye nuevas formas de delito, refuerza las penas y amplía los plazos de prescripción, de forma que los delitos puedan ser perseguidos durante más tiempo, incluso cuando la denuncia se produzca muchos años después de los hechos. Costas Fytiris, ministro de Justicia y Orden Público de Chipre, afirmó que los infractores se enfrentarán a consecuencias más severas y serán llevados ante la justicia incluso muchos años después de haber cometido los delitos. Añadió que los colegisladores buscan reforzar el apoyo a las víctimas, reconociendo que las consecuencias del abuso pueden durar toda la vida. El acuerdo establece plazos más amplios para la investigación y el enjuiciamiento de estos delitos, con el objetivo de facilitar la presentación de denuncias por parte de las víctimas cuando han pasado muchos años desde los hechos. Para los delitos más graves, como los actos sexuales con penetración y la coacción a menores para la prostitución, punibles con al menos 10 años de prisión, el plazo de prescripción será de 32 años a partir de la mayoría de edad de la víctima. Para la mayoría de los delitos contemplados en la legislación, con penas de entre 5 y 10 años de prisión, el plazo de prescripción será de 20 años. Para un tercer grupo de delitos, incluida la producción de material de abuso sexual infantil, el plazo será de 15 años. La nueva normativa incrementa las penas máximas para varios delitos de abuso sexual infantil, entre ellos asistir a sabiendas a una representación de abuso sexual infantil en la que participe un menor y las actividades sexuales con menores explotados en la prostitución. En adelante, distintos delitos relacionados con material de abuso sexual infantil conllevarán penas más severas, como la adquisición, posesión u obtención de acceso a dicho material a sabiendas, con penas de al menos dos años de prisión, y su distribución, difusión, suministro o puesta a disposición del público, con penas de al menos tres años de prisión. Las nuevas normas actualizan los delitos penales existentes y crean otros nuevos con el fin de tipificar todas las formas de abuso y explotación sexual infantil, incluido el uso de avances tecnológicos. La ley actualizada tipifica como delito la producción o difusión de manuales de instrucciones para cometer estos delitos, incluida la explotación y la incitación, con penas de al menos dos años de prisión. Los eurodiputados impulsaron la penalización de los sistemas de inteligencia artificial creados o adaptados para generar material de abuso sexual infantil, así como la compra, posesión o difusión de estas herramientas, con penas de hasta dos años de prisión. También se sanciona la organización de viajes de menores a otros países con fines de abuso. La normativa incluye por primera vez el acoso sexual a menores, entendido como la captación con fines sexuales. Se penaliza la propuesta de encuentros que deriven en delitos, así como el intento de captación, también en línea, para obtener material de abuso sexual infantil, con penas que varían según exista o no coacción. También se tipifican la retransmisión en directo de este tipo de material y la extorsión sexual a menores mediante amenazas de difusión de contenido. En materia de consentimiento, los eurodiputados impulsaron su fortalecimiento en la legislación. En el futuro, las relaciones sexuales con penetración con menores de edad que no den su consentimiento serán castigadas con hasta 10 años de prisión, y hasta 12 años en el caso de menores de edad en determinadas circunstancias. Las normas establecen que no existe consentimiento si no se otorga voluntariamente o si el menor no puede expresarlo, por ejemplo, durante el sueño, la inconsciencia o en estado de shock. También se establece que el consentimiento puede retirarse en cualquier momento. La edad de consentimiento sexual seguirá siendo competencia de cada Estado miembro. El acuerdo establece que las víctimas menores de edad deben tener acceso oportuno y gratuito a servicios de salud y a asistencia jurídica, y contempla normas sobre alojamiento provisional. Los Estados miembros deben garantizar además el derecho de las víctimas de abusos sexuales infantiles a reclamar una indemnización al agresor. Tras la confirmación formal del acuerdo por parte del Consejo y del Parlamento, los Estados miembros dispondrán de un plazo de tres años para adaptar su legislación nacional a la nueva directiva.

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