El Consejo y el Parlamento Europeo acuerdan aplazar la Ley de Deforestación sin alterar su contenido

Los colegisladores alcanzaron este martes un acuerdo para posponer hasta finales de 2025 la aplicación de la Ley de Deforestación, que busca garantizar que los productos importados a la UE no contribuyan a la destrucción de bosques. Aunque finalmente el aplazamiento fue respaldado, las propuestas del Partido Popular Europeo para flexibilizar la normativa no fueron incluidas en el acuerdo provisional, que será sometido a votación durante la sesión plenaria de la Eurocámara en diciembre. Esta normativa exige que las empresas que comercialicen productos como madera, soja, cacao, café, aceite de palma, caucho y ganado implementen sistemas de trazabilidad y diligencia debida para garantizar que estos no están vinculados a la deforestación y cumplen con las normativas locales. El acuerdo, basado en una propuesta de la Comisión Europea, aplaza la aplicación de la ley inicialmente programada para el 30 de diciembre de 2024. Ahora, las grandes empresas tendrán hasta el 30 de diciembre de 2025 para cumplir con los requisitos, mientras que las pequeñas dispondrán de plazo hasta el 30 de junio de 2026. El Parlamento Europeo respaldó esta decisión el pasado 14 de noviembre, con 371 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones. https://aquieuropa.com/43228-2/ El Partido Popular Europeo (PPE) impulsó enmiendas para flexibilizar la normativa mediante la creación de una categoría de países "sin riesgo" de deforestación, lo que relajaría los controles para estas regiones. Según el PPE, estas modificaciones reducirían la burocracia y facilitarían el cumplimiento. Sin embargo, estas propuestas, respaldadas por la extrema derecha, fueron rechazadas por los grupos progresistas y organizaciones medioambientales, que alertaron sobre el riesgo de debilitar la ley y comprometer los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo. Los socialdemócratas y otros grupos progresistas defendieron la propuesta original, criticando que las enmiendas planteadas podrían generar lagunas legales y favorecer intereses corporativos en detrimento de los objetivos ambientales. Aunque apoyaron el aplazamiento propuesto por la Comisión, subrayaron la importancia de mantener intacto el contenido de la ley. Organizaciones como Greenpeace coincidieron, advirtiendo que cualquier flexibilización podría socavar la eficacia del reglamento. Tras el acuerdo provisional alcanzado entre los colegisladores, que no introduce las propuestas del PPE, los socialdemócratas afirmaron haber desempeñado “un papel fundamental para lograr este resultado”aceptando la propuesta del Ejecutivo comunitario de posponer la aplicación de la normativa y luchando para garantizar que su contenido “permaneciera intacto a pesar de los esfuerzos del Partido Popular Europeo (PPE) y las facciones de extrema derecha para diluirla considerablemente”. Por su parte, Christine Schneider, eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE) y ponente del Parlamento sobre la Ley de Deforestación, señaló que el aplazamiento de un año permitirá a empresas, agricultores, silvicultores y autoridades prepararse mejor para cumplir con los nuevos requisitos. Además, destacó que en seis meses la Comisión Europea debe completar herramientas clave como la plataforma en línea para trazabilidad y la categorización de riesgos de los países exportadores, lo que aumentará la previsibilidad para todos los actores de la cadena de suministro. También mencionó que en una futura revisión de la ley se evaluarán los impactos y se buscarán mecanismos para simplificar aún más los requisitos para países o regiones de bajo riesgo. Esto tiene como objetivo incentivar la adopción de mejores prácticas de conservación forestal. Si bien Schneider reconoció que su grupo habría preferido que algunos de estos elementos se incluyeran directamente en el texto legislativo, subrayó que el Parlamento estará vigilante para asegurar que la Comisión Europea cumpla con sus compromisos, especialmente en la reducción de burocracia. El texto acordado será sometido a votación formal durante la próxima sesión plenaria del Parlamento, del 16 al 19 de diciembre. Para que el aplazamiento entre en vigor, el acuerdo deberá ser aprobado por el Parlamento y el Consejo y publicado en el Diario Oficial de la UE antes de fin de año.

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