El Consejo y el Parlamento de la UE alcanzan un acuerdo sobre la legislación que protege a periodistas y defensores de los derechos humanos

La UE ha dado un paso importante hacia la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos contra reclamaciones infundadas o procedimientos judiciales abusivos. La presidencia española del Consejo y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo político sobre una directiva que protegería a estas personas de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP). El uso de estas demandas para silenciar a personas que hablan sobre temas de interés público es un fenómeno creciente. La directiva establecerá garantías procesales contra este tipo de reclamaciones en asuntos civiles con implicaciones transfronterizas. "Nuestras democracias están en peligro cuandos los ricos y poderosos pueden silenciar a los críticos en los tribunales sólo porque hablan de asuntos de interés público. Con esta nueba ley, la UE defiende a periodistas y defensores de los derechos humanos contra casos judiciales infundados y abusivos", ha declarado el minsitro español de Justicia, Félix Bolaños.

Las personas objeto de casos SLAPP se beneficiarán de una serie de garantías y protecciones procesales. Pueden pedirle al tribunal que: desestimar un reclamo en una etapa temprana. Si una reclamación se considera manifiestamente infundada, el juez puede decidir desestimarla en la fase más temprana posible del procedimiento. El tribunal debería acelerar solicitudes como esta de los acusados. También podrá exigir una garantía financiera a la persona o empresa que presentó la reclamación. Un tribunal puede decidir exigir que el demandante, es decir, la persona o empresa que inició un caso SLAPP, proporcione una garantía por los costos del procedimiento. O buscar otro tipo de remedios: un tribunal puede decidir, por ejemplo, que el demandante debe correr con los costos del proceso, incluidos los costos de representación legal de la víctima de SLAPP. Un juez también puede decidir que la parte que inició el caso SLAPP podría ser objeto de una pena u otras medidas igualmente efectivas.

CASOS SLAPP TRANSFRONTERIZOS

El Consejo y el Parlamento Europeo acordaron cómo definir el carácter transfronterizo de un caso SLAPP. Se considerará que un asunto tiene implicaciones transfronterizas a menos que ambas partes estén domiciliadas en el mismo Estado miembro que el tribunal demandado y todos los demás elementos relevantes para la situación estén ubicados en ese Estado miembro.

SENTENCIAS DE TERCEROS PAÍSES

Si una persona que vive en la UE es objeto de un caso SLAPP en un tercer país, los estados miembros de la UE deben negar el reconocimiento y la ejecución de esta sentencia de tercer país si se consideraría manifiestamente infundada o abusiva en el estado miembro en cuestión.

MEDIDAS DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DE SLAPP

Para seguir apoyando a las víctimas de SLAPP, los Estados miembros deberán proporcionar, en un solo lugar, información sobre las garantías y recursos procesales.

Para comprender mejor el alcance del fenómeno, los Estados miembros también recopilarán datos específicos disponibles sobre los casos SLAPP en los tribunales.

PRÓXIMOS PASOS

El acuerdo de hoy deberá ser respaldado por los representantes de los Estados miembros en el Consejo (Coreper). Si se aprueba, el texto deberá ser adoptado formalmente tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo.

Las SLAPP suelen ser iniciadas por individuos poderosos, grupos de presión, corporaciones y órganos estatales. Su propósito es censurar, intimidar y silenciar a los críticos cargándolos con el costo de una defensa legal hasta que abandonen sus críticas u oposición.

Los objetivos típicos de las SLAPP son periodistas y defensores de derechos humanos. También pueden ser objeto de ataques otras personas involucradas en la participación pública, como investigadores y académicos.

El aumento de SLAPP ha sido documentado en una serie de informes sobre el estado de derecho, evaluaciones de la Comisión Europea que examinan la evolución del estado de derecho en los estados miembros de la UE y análisis del Consejo de Europa.

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