El Consejo y el Parlamento acuerdan nuevas normas para apoyar un transporte marítimo de más calidad

La UE quiere realizar algunos cambios sustanciales en el transporte marítimo, para lograr hacerlo más limpio y eficiente. Por ello, el Consejo y el Parlamento han aprobado una serie de tratados en relación al paquete legislativo sobre seguridad marítima, en concreto las directivas de 2009 sobre el cumplimiento de los requisitos del Estado y el control por el Estado rector del puerto. Mediante este acuerdo se consigue mejorar la calidad del transporte marítimo, además de velar por la competitividad del sector a nivel europeo y seguir manteniendo unos costes similares para las administraciones de los Estados miembros.

Paul Van Tigchelt, viceprimero y ministro belga de Justicia y el Mar del Norte declara lo siguiente: “ Los acuerdos de hoy contribuirán sustancialmente a un transporte marítimo más seguro y más limpio en Europa. Nuestro medio marino estará mejor protegido, y los más altos estándares de transporte marítimo se conservarán adecuadamente con el uso de herramientas modernas y mediante una mayor cooperación entre las autoridades competentes”.

La Directiva regula la aplicación de las normas aplicables al Estado del pabellón a nivel de la UE. Entre estas normas se encuentra la referida a vigilar que los buques cumplan con los convenios de la OMI, esta tarea recae en el Estado en donde el buque este matricula, el Estado del pabellón. También tiene prioridad dar a los recursos necesarios a los Estados miembros para que puedan cumplir con sus responsabilidades de forma eficaz y adecuada.

Los objetivos de la Directiva son:

Actualizar la legislación actual vigente y ajustarla a las normas internacionales, dando principal importancia al código de aplicación de los instrumentos de la OMI (III código) Los buques abanderados deben pasar por un proceso adecuado de inspección. Las organizaciones reconocidas que trabajan en nombre del Estado del abanderado deben estar correctamente supervisadas. Priorizar un correcto uso de las soluciones digitales. Garantizar un equilibrio conjunto en la comprensión, la notificación y la medición del rendimiento de las flotas y los deberes de los Estados del pabellón.

El control portuario (PSC) es un sistema de inspección de buques extranjeros que se usa en puertos de Estados distintos del Estado del pabellón por parte de oficiales de PSC, tiene como objetivo verificar que el capitán, los oficiales y el resto de la tripulación a bordo, cumplen los requisitos de los convenios internacionales y, en la UE, con la legislación aplicable de la UE. El PSC es una herramienta de gran importancia para garantizar la seguridad marítima y velar por el medio ambiente marino.

Esta nueva revisión de la Directiva tiene como objetivo principal:

Actualizar la legislación de la UE y ajustarla a las normas y procedimientos internacionales establecidos en los convenios del memorando de entendimiento de París (MoU) y la Organización Marítima Internacional (OMI) También quiere proteger a los buques pesqueros, a sus tripulaciones y al medio ambiente, incluso mediante la introducción de un régimen voluntario de inspecciones para buques pesqueros más grandes (más de 24 metros de eslora) Asegurar un equilibrio conjunto para llevar a cabo inspecciones del PSC

La Directiva ha seguido en su mayoría la misma lógica que la propuesta de la Comisión, pero hay que añadir nuevas enmiendas introducidas por los colegisladores que tienen como objetivo dar más claridad y coherencia a las normas internacionales. Estas nuevas normas se centran en: los parámetros medioambientales de los buques, limitar el sistema de gestión de la calidad (QMS), el programa de formación, evitar imponer una carga administrativa demasiada alta para los Estados y un plazo de revisión para esta Directiva de cinco años.

El acuerdo va a ser propuesto a los miembros del Consejo y a la Comisión de Transportes y Turismo para su aprobación. Tras ello, deberá de recibir el visto bueno de los colegisladores para poder ser oficial y publicarse en el Diario Oficial de la UE. En caso de que todo lo anterior se cumpla, los Estados dispondrán de 30 meses para adoptar estas medidas.

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