El Consejo de Europa advierte a España que no ha cumplido sus recomendaciones sobre asesores y aforamiento

En su informe de 2019, el GRECO recomendó a España reforzar el régimen aplicable a los asesores, equiparando las exigencias sobre transparencia e integridad al de los altos cargos con funciones ejecutivas. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa avisa a España de que no ha dado cumplimiento a sus recomendaciones sobre la regulación de los asesores políticos ni tampoco sobre la reforma de la figura del aforamiento. También lamenta que la regulación a los grupos de interés o 'lobbies' todavía no se ha materializado y ha dejado fuera la obligación de hacer públicas las agendas entre lobistas y altos cargos. En su informe de 2019, el GRECO recomendó a España reforzar el régimen aplicable a los asesores, equiparando las exigencias sobre transparencia e integridad al de los altos cargos con funciones ejecutivas, pero considera que a día de hoy no ha sido implementada, según el informe de seguimiento de estas medidas, al que ha tenido acceso Europa Press. No obstante, admite que el Gobierno ha dado algunos pasos en esta materia, en concreto en el llamado 'Plan de Acción para la Democracia', que incluye iniciativas en esta línea: como el acatamiento de estándares de idoneidad, obligación de buena reputación y de contar con la formación adecuada para el puesto. La ley elaborada por el Gobierno también incluye medidas relativas al régimen de exclusividad y un catálogo estricto de incompatibilidades, así como la obligación de hacer públicas las declaraciones de actividades y de bienes y también los salarios y las agendas de estos asesores políticos. Todas ellas obligaciones equiparables a altos cargos públicos como ministros o parlamentarios. Sin embargo, el GRECO concluye que la ley todavía no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y por tanto no ha podido evaluarlas, de modo que no puede dar por cumplido este objetivo de regular la labor de los asesores. Facilitar procesos contra el Gobierno Por otro lado, advierte al Gobierno de Pedro Sánchez de que no ha cumplido otra de las recomendaciones que le hizo en 2019, la reforma de los aforamientos para que esta figura no dificulte los procesos judiciales contra miembros del Gobierno acusados de corrupción. En el informe señala que las autoridades españolas hacen referencia a varias reformas acometidas por distintas entidades subnacionales pero ningún cambio a nivel estatal, que es el objeto de esta evaluación, apuntan. El Ejecutivo alega que el aforamiento no exime de responsabilidad a las personas investigadas sino que deja la instrucción en manos del Tribunal Supremo. En todo caso, el organismo observa que no ha habido avances tangibles para adoptar esta recomendación. Oportunidad perdida Respecto a la regulación de los 'lobbies', el GRECO señala que los esfuerzos para regular los grupos de interés todavía "no se han materializado en la práctica" y lamenta que el requisito de publicación de las agendas de los altos cargos que se reúnan ellos sigue siendo una cuestión pendiente. Incluso llega a hablar de "oportunidad perdida" por no incluir esta obligación en la ley que se está tramitando. Aunque celebra la aprobación del anteproyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés el pasado mes de enero, subraya que la medida todavía sigue en tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y no ha sido aprobada. También reprocha que la ley está solo centrada en los lobistas y no presta mucha atención a los altos cargos que mantienen reuniones con ellos y que pueden ser objeto de influencia. Por otro lado, detecta avances parciales en algunas medidas como la transparencia y el acceso a documentos oficiales "desde la entrada en vigor del convenio del Consejo de Europa" sobre la materia, aunque todavía expresa su preocupación por los "largos plazos de respuesta" y las dificultades para el acceso público. Más independencia En este sentido, señala que el Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno ha ganado mayor independencia aunque todavía está pendiente de aprobación legislativa su plena capacidad sancionadora. Asimismo, considera que las restricciones al empleo para las personas que han desempeñado un cargo político, las llamadas 'puertas giratorias' y los requisitos de declaración financiera, necesitan ser reforzados. En concreto, en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados. En ese sentido señala que la Oficina de Conflictos de Interés sigue careciendo de una verdadera independencia y presupuesto propio. La Guardia Civil progresa más que la Policía Nacional El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa considera que, a nivel general, la Guardia Civil ha hecho mayores avances que la Policía Nacional en su lucha contra la corrupción interna, aunque ambas fuerzas de seguridad tienen como tarea pendiente mejorar la transparencia, objetividad y proporcionalidad de sus respectivos regímenes disciplinarios. Según el texto aprobado su sesión plenaria de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, el GRECO constata que las autoridades españolas deberían "intensificar sus esfuerzos" para implementar las reformas previstas para fortalecer los mecanismos anticorrupción en lo que respecta a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, es decir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como la Policía Nacional y la Guardia Civil. Concretamente, este organismo desglosó en nueve las recomendaciones que consideraba pertinentes para la lucha contra la corrupción en los cuerpos dependientes del Ministerio del Interior. De ellas, se han cumplido "parcialmente" ocho, mientras que una está directamente "sin aplicarse". De hecho, desde Estrasburgo destacan que, aunque ha habido "algunos avances" sigue habiendo "deficiencias persistentes" y, además, aprecian avances "dispares" entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. De hecho la Benemérita logra una mejor valoración por haber realizado "mayores avances" y por tanto, tiene menos tareas pendientes en la lucha contra la corrupción.

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