El Consejo adoptó hoy una ley para proteger a las personas que hablan sobre asuntos de interés público contra demandas abusivas destinadas a silenciarlas. Según informó hoy el Consejo, las personas objeto de las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), normalmente periodistas y defensores de los derechos humanos, se beneficiarán de una serie de garantías y medidas procesales. Estas salvaguardias y medidas se aplicarán a reclamaciones manifiestamente infundadas o procedimientos judiciales abusivos en materia civil con implicaciones transfronterizas. Las personas afectadas por casos SLAPP pueden solicitar al tribunal que desestime una reclamación manifiestamente infundada lo antes posible. Si se considera que el procedimiento es abusivo, el tribunal puede decidir que el demandante debe hacerse cargo de los costos del procedimiento, incluidos los costos de representación legal incurridos por la víctima de SLAPP. Para garantizar que el demandado sea indemnizado, el tribunal también puede ordenar al demandante que proporcione una garantía financiera para cubrir las costas del proceso y, si así lo dispone la legislación nacional, los daños sufridos por el demandado. Los tribunales deben tomar la decisión sobre el sobreseimiento anticipado de un caso y sobre la constitución de una garantía financiera de manera acelerada. Para desalentar tales acciones legales abusivas, el juez también puede decidir someter a la parte que inició el caso SLAPP a sanciones u otras medidas igualmente efectivas. Según la directiva, se considerará que un caso SLAPP tiene implicaciones transfronterizas a menos que ambas partes estén domiciliadas en el mismo Estado miembro que el tribunal que conoce del asunto y todos los demás elementos relevantes para la situación en cuestión estén ubicados en ese Estado miembro. Si una persona que vive en la UE es objeto de un caso SLAPP en un tercer país, los estados miembros de la UE deben negar el reconocimiento y la ejecución de esta sentencia de tercer país si se considera manifiestamente infundada o abusiva en el estado miembro en cuestión. Los Estados miembros deben establecer normas que permitan a las asociaciones, organizaciones y sindicatos apoyar al acusado o proporcionar información durante el proceso. Para seguir apoyando a las víctimas de SLAPP, los Estados miembros deberán proporcionar, en un solo lugar, información sobre las garantías procesales y los recursos disponibles para las víctimas de SLAPP.
