El Consejo adopta posición para un despliegue más rápido de redes de alta velocidad en la UE

El Consejo ha adoptado este martes la orientación general sobre la propuesta de la Comisión de sustituir la Directiva de reducción de costes de banda ancha (BCRD) de 2014 por la Ley de infraestructura gigabit (GIA) con el fin de acelerar el despliegue de la infraestructura de red gigabit en toda Europa. La propuesta de la Comisión busca reducir los elevados costes del despliegue de infraestructuras de comunicaciones electrónicas al abordar procedimientos complejos en los Estados miembros. Su objetivo incluye acelerar el despliegue de redes, proporcionar seguridad jurídica y transparencia, así como mejorar la eficiencia en los procesos para operadores de redes públicas.

Tal como ha explicado el Consejo, la GIA “es una pieza legislativa esencial” para llevar a cabo lo objetivos de conectividad de la UE establecidos en la brújula digital de la UE para esta década, el llamado "programa político de la década digital" establecido en 2022.

María González Veracruz, Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de España, ha señalado que se trata de un paso importante para acelerar el despliegue de infraestructura de banda ancha y que “na vez se adopten y entren en vigor las nuevas normas, podremos responder eficazmente a la necesidad cada vez mayor de nuestros ciudadanos y empresas de acceder a redes con una capacidad mucho mayor que la actual”.

La propuesta promueve la armonización mínima, facilitando aplicaciones transfronterizas y economías de escala. Las enmiendas del Consejo, aunque mantienen la orientación general, introducen cambios como la eliminación del concepto de "aprobación tácita" y excepciones para municipios más pequeños.

Así pues, la posición del Consejo garantiza la autonomía de los Estados miembros para emitir normas detalladas, permitiéndoles superar los elementos del reglamento y reducir costos en redes de comunicaciones electrónicas gigabit.

Tras la aprobación de este martes del mandato de negociación del Consejo, la Presidencia española podrá comenzar con los diálogos tripartitos.

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