El Consejo adopta las conclusiones sobre la política de cohesión post-2027 con la oposición de Hungría a vincular fondos al Estado de Derecho

El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea adoptó este viernes en Bruselas un conjunto de Conclusiones sobre la cohesión y la política de cohesión tras 2027, destacando su papel crucial en el fortalecimiento del proyecto de integración europea. Aunque los ministros de los Estados miembros acordaron un enfoque más moderno y fortalecido para la política, Hungría emitió una declaración particular mostrando su desacuerdo con la propuesta de vincular el acceso a los fondos europeos con el respeto al Estado de Derecho, un tema que considera debe ser tratado dentro del marco de las negociaciones sobre el presupuesto plurianual de la UE. Los ministros subrayaron que la cohesión económica, social y territorial es uno de los pilares fundamentales de la UE, crucial para reducir las desigualdades entre regiones y promover un desarrollo equilibrado y armonioso. La política de cohesión no solo busca corregir disparidades, sino también fomentar la competitividad, resiliencia y la convergencia entre las distintas regiones. En este contexto, se destacó la importancia de que todas las políticas europeas consideren la dimensión territorial y se desarrollen de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno, con la activa participación de las autoridades locales y regionales. El Consejo también reconoció los múltiples desafíos que enfrenta la UE, como las transiciones ecológica y digital, el envejecimiento poblacional, las tensiones geopolíticas y las presiones migratorias, que afectan de forma desigual a las regiones. Las regiones menos desarrolladas o con desventajas estructurales corren el riesgo de quedarse atrás si no se adoptan medidas adecuadas. Por ello, se insistió en la necesidad de que la política de cohesión sea más fuerte y modernizada, para desarrollar las capacidades regionales, integrar las regiones en las cadenas de valor globales y aprovechar el talento y los recursos locales. Las Conclusiones subrayan que la cohesión y la competitividad no deben considerarse como objetivos contrapuestos, sino como elementos interdependientes. La cohesión es clave para fortalecer la competitividad, y viceversa: sin una cohesión sólida, muchas regiones no pueden aprovechar su potencial. En este sentido, se reafirmó la importancia de estrategias como la especialización inteligente, que permite adaptar las redes de innovación a las características específicas de cada territorio. Además, se destacó la relevancia de principios como la gobernanza multinivel, la gestión compartida, la asociación entre instituciones, la participación ciudadana y el respeto al principio de subsidiariedad, esenciales para asegurar que la política de cohesión responda efectivamente a las necesidades locales. Se hizo un llamado para garantizar que la política de cohesión siga siendo accesible a todas las regiones, especialmente aquellas que enfrentan mayores dificultades, como las rurales, montañosas, fronterizas, insulares o ultraperiféricas. También se subrayó la necesidad de un enfoque particular para las regiones afectadas por la guerra en Ucrania y aquellas con fuertes presiones migratorias. En términos de gobernanza, se defendió que la gestión compartida siga siendo el principal modelo para implementar la política de cohesión, permitiendo a los Estados miembros y a las autoridades locales un papel central en su diseño, ejecución y seguimiento. Se destacó la importancia de la calidad de la gobernanza, respaldada por instituciones sólidas y con capacidad administrativa, para una gestión eficiente de los fondos. Por ello, se instó a la Comisión Europea a ofrecer más apoyo técnico y formativo para mejorar la eficacia y la calidad de la implementación. El Consejo también enfatizó la necesidad de mejorar la eficacia de la política de cohesión, orientándola hacia resultados más claros y sugirió explorar nuevas fórmulas que proporcionen mayor flexibilidad, se adapten mejor a los contextos territoriales y simplifiquen la normativa, reduciendo las cargas administrativas. Además, se abogó por armonizar los procedimientos de control y auditoría para evitar duplicidades y garantizar altos estándares de transparencia y prevención del fraude. Los ministros expresaron su interés en que la Comisión Europea presente las propuestas legislativas para la política de cohesión post-2027 sin demoras, para permitir que las negociaciones comiencen a tiempo y garantizar una transición fluida. También se instó a tener en cuenta el impacto de futuras ampliaciones de la UE, asegurando que la política de cohesión siga siendo eficaz y sostenible en un entorno geopolítico cambiante. Declaración de Hungría Paralelamente, Hungría emitió una declaración particular, en la que, si bien mostró su apoyo general a las Conclusiones, expresó una fuerte discrepancia con el apartado 8 del texto, que vincula el respeto a los valores fundamentales de la UE —especialmente el Estado de Derecho y la Carta de los Derechos Fundamentales— con el acceso a la financiación europea. Hungría considera problemática esta formulación, y sostiene que debe ser abordada dentro de las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP), y no de forma anticipada ni condicionada. La principal preocupación del gobierno húngaro radica en que los mecanismos de condicionalidad, que vinculan el acceso a los fondos europeos con el cumplimiento de ciertos valores, pueden ser utilizados de manera arbitraria o como instrumentos de presión política. En su opinión, estos mecanismos no siempre se aplican con los principios de objetividad e imparcialidad. Desde esta perspectiva, Hungría defiende que la condicionalidad debe ser un recurso subsidiario, utilizado solo cuando no haya otras vías jurídicas eficaces para proteger el presupuesto de la UE, como los procedimientos ante el Tribunal de Justicia. Además, advierte que no aceptará la continuidad de los mecanismos actuales y rechaza que las Conclusiones del Consejo puedan interpretarse como una aprobación implícita de los mismos. En su declaración, Hungría también subraya que los Estados miembros son los principales responsables de garantizar el respeto de los valores fundamentales, según sus tradiciones y normas constitucionales, y que las instituciones de la UE deben ser igualmente responsables en la gestión de los fondos europeos, sometidas al mismo nivel de control y exigencia que los Estados miembros.

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