El Consejo aboga por reforzar la lucha contra el abuso sexual infantil con penas más severas y ajustadas a la era digital

Los ministros de Justicia de la UE alcanzaron este viernes un consenso sobre su posición para la actualización de las normas penales en materia de abuso y explotación sexual infantil. Esta iniciativa busca reforzar las herramientas adaptándose a los retos que presentan las nuevas tecnologías como la IA y la evolución de los delitos en entornos digitales. El ministro de Justicia de Hungría, Bence Tuzson, destacó que el principal objetivo de las nuevas normas es intensificar la lucha contra el abuso sexual infantil, particularmente en casos relacionados con la retransmisión en directo de abusos y la utilización de inteligencia artificial para generar material delictivo. Conforme a la nueva normativa, los Estados miembros estarán obligados a penalizar, investigar y perseguir penalmente el delito de retransmisión en directo de abusos sexuales a menores. Además, se amplía la definición de los delitos para incluir todas las formas de abuso y explotación sexual infantil, haciendo énfasis en aquellos facilitados por herramientas digitales, como la inteligencia artificial y los deepfakes. Asimismo, se introduce un nuevo delito relacionado con la provisión de instrucciones para cometer abuso o explotación sexual infantil. Por ejemplo, será punible la producción, distribución o posesión de manuales, guías o folletos, tanto físicos como digitales, que ayuden a cometer estos delitos. La normativa también establece penas más severas para los infractores. Por ejemplo, en casos en que el abuso se aproveche de una situación de especial vulnerabilidad del menor, como una discapacidad, la pena máxima de prisión será de al menos 10 años, frente a los 8 años actuales. Además, si el menor ha alcanzado la edad de consentimiento sexual, la pena máxima se eleva a al menos 5 años, en lugar de los 3 años actuales. Los Estados miembros podrán, si lo desean, aplicar sanciones aún más severas en sus legislaciones nacionales. Consentimiento y p rotección a las v íctimas Aunque la definición de la edad de consentimiento sexual sigue siendo competencia nacional, las nuevas normas refuerzan que cualquier actividad sexual con un menor que haya alcanzado esta edad será punible si no existe un consentimiento válido. Este consentimiento debe ser libre, voluntario y revocable en cualquier momento. No se considerará válido si el menor no puede formar una voluntad libre. Se implementan medidas para fortalecer la persecución penal y el apoyo a las víctimas, como la ampliación de los plazos de prescripción, lo que permitirá investigar y juzgar los delitos incluso mucho después de que la víctima alcance la mayoría de edad. Además, se establecen mecanismos seguros y accesibles para que las víctimas denuncien los abusos, diseñados específicamente para ser comprensibles y funcionales para niños. Las víctimas también recibirán atención integral, que incluye apoyo médico, psicológico, educativo y jurídico. En casos necesarios, se proporcionará alojamiento provisional. Además, las normas garantizan el derecho de las víctimas a reclamar indemnizaciones a los agresores por los daños sufridos. Para mejorar la supervisión y evaluación de estos delitos, los Estados miembros estarán obligados a recopilar y publicar estadísticas detalladas, que incluirán el número de delitos denunciados, procesados y condenados anualmente. Esto permitirá un mejor análisis del fenómeno y una toma de decisiones más informada. Con esta orientación general acordada, el Consejo podrá iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo, que aún debe fijar su posición. Una vez adoptada, la directiva revisada obligará a los Estados miembros a ajustar sus códigos penales nacionales para alinearlos con las nuevas disposiciones.

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