El abogado general del TJUE señala que la Ley de Amnistía no infringe el Derecho de la Unión pero plantea preocupaciones sobre la independencia judicial

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) recibió este jueves las conclusiones del Abogado General Dean Spielmann sobre la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) aprobada en España en junio de 2024, y aunque Spielmann considera que la ley no infringe el Derecho de la Unión, sus conclusiones plantean preocupaciones sobre su impacto en la tutela judicial efectiva y la independencia judicial. En sus conclusiones, el Abogado General Spielmann subrayó que el plazo de dos meses establecido por la LOA para resolver si los actos están cubiertos por la amnistía podría ser demasiado corto y comprometer el derecho a un proceso judicial justo. Según Spielmann, este plazo "podría resultar demasiado corto para determinar si la situación está cubierta o no por la amnistía, en función del origen de los fondos (nacional o europeo)", lo que podría afectar la independencia judicial. Además, el Abogado General destacó que un plazo tan restrictivo podría llevar a decisiones apresuradas sin la debida consideración de todos los elementos del caso, lo que violaría los principios fundamentales de la justicia. La rapidez en la resolución de los casos, sin el tiempo adecuado para evaluar las pruebas, "podría quebrantar la exigencia de independencia judicial", subrayó Spielmann. Según la LOA, las resoluciones deben dictarse únicamente con la audiencia de las entidades del sector público perjudicadas y del Ministerio Fiscal, "sin mencionar a las partes que hayan ejercido la acción pública". Spielmann consideró que, si la ley se interpreta de manera estricta, se impediría a las partes afectadas por los actos amnistiados ejercer su derecho a participar en el proceso judicial y a defender sus intereses. Esta situación, advierte la justicia europea, podría vulnerar el principio de contradicción, un pilar del derecho a un juicio justo. "Si se interpretara la LOA en el sentido de que no debe darse audiencia a las mencionadas partes antes de dictar tal resolución, se les impediría mantener un debate contradictorio sobre los elementos de hecho y de Derecho decisivos para la resolución del procedimiento", explicó el Abogado General. Spielmann advirtió asimismo sobre el riesgo de que la LOA obligue a los tribunales nacionales a dictar resoluciones absolutorias rápidas sin esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la interpretación de la ley. Esto podría privar de "todo efecto útil" a las decisiones prejudiciales, es decir, a las consultas que los tribunales nacionales hacen al TJUE para asegurar que sus resoluciones estén alineadas con el derecho europeo. "Tal obligación privaría al procedimiento prejudicial de todo efecto útil", indicó Spielmann, señalando que este enfoque podría interferir en el funcionamiento adecuado del sistema judicial europeo. En sus conclusiones, Spielmann también destacó que, aunque la amnistía "no es contraria al Derecho de la Unión" en lo que respecta a los actos que afectan los intereses financieros de la UE, los procedimientos judiciales derivados de su aplicación deben respetar plenamente los derechos fundamentales, como la independencia judicial y el derecho a un juicio justo. Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes para el TJUE, pero sirven como una recomendación para los jueces del Tribunal de Justicia, quienes ahora deliberarán y emitirán una sentencia final en el caso.

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