La Comisión ha publicado su cuarto Informe anual sobre el Estado de Derecho, en el que toma el pulso a la situación del Estado de Derecho en cada Estado miembro. Aunque el Estado de Derecho sigue siendo motivo de preocupación en algunos Estados miembros de la UE, el informe se ha convertido en un motor clave de cambio y reformas positivas. De hecho, el 65% de las recomendaciones del año pasado se han abordado total o parcialmente. Esto demuestra que los Estados miembros están realizando importantes esfuerzos para seguir las recomendaciones del año anterior. Dado que las reformas para mejorar el marco del Estado de Derecho llevan tiempo, esto refleja un avance significativo en sólo un año. Al mismo tiempo, sigue habiendo problemas sistémicos en algunos Estados miembros. Respecto a las reformas que conciernen a España la Comisión Europea considera que el sistema judicial español sigue experimentando importantes avances. La situación del Consejo General del Poder Judicial suscita serias preocupaciones ya que, en primer lugar, el Consejo no ha sido renovado a pesar de la urgencia y, en segundo lugar, no se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus magistrados. La falta de renovación está repercutiendo en el trabajo del Tribunal Supremo y en el sistema de justicia en su conjunto, suscitando preocupaciones en relación con el número de asuntos juzgados por el Tribunal Supremo y su duración, ha apuntado la Comisión. No se han tomado medidas para reforzar el estatuto del Fiscal General. Se ha creado una para los fiscales. El Consejo del Poder Judicial nombró a dos miembros del Tribunal Constitucional tras cierto retraso. El régimen de incompatibilidades de los jueces con otras profesiones, como los nombramientos políticos, sigue suscitando preocupación. Se adoptaron medidas para seguir mejorando la calidad de la justicia, entre ellas la asistencia jurídica gratuita, la digitalización y un proyecto de ley sobre el derecho de defensa. Aumentó el número de jueces, y se están tomando medidas para hacer frente a los retos relacionados con los recursos del sistema judicial. La eficacia de la justicia ha mejorado en general y se están preparando leyes para mejorarla aún más.
