La Comisión Europea ha presentado este lunes nuevas medidas para que los procedimientos de retención de impuestos en la UE sean más eficientes y seguros para los inversores, los intermediarios financieros y las administraciones tributarias de los Estados miembros.
Se trata de una iniciativa que forma parte de la la Comunicación sobre la fiscalidad empresarial para el siglo XXI y el Plan de acción de la Comisión para 2020 sobre la unión de los mercados de capitales y pretende promover una fiscalidad más justa, acabar con el fraude fiscal y apoyar la inversión transfronteriza en toda la UE.
Para evitar la retención de impuestos (la situación en la que un inversor residente en un Estado miembro de la UE está sujeto al pago de impuestos sobre los intereses o dividendos obtenidos en otro Estado miembro), muchos países de la UE han firmado acuerdos de doble imposición, para evitar que el inversor transfronterizo tenga que pagar impuestos dos veces.
Pero el problema, explica la Comisión, es que a pesar de que estos convenios permiten al inversor presentar una solicitud de reembolso por cualquier impuesto pagado en exceso en otro Estado miembro, el proceso de devolución suele ser largo y costoso.
En ese marco, las acciones propuestas este lunes tienen como objetivo facilitar las inversiones a través de medidas como un certificado de residencia fiscal digital común de la UE para que los procedimientos de desgravación de impuestos en origen sean más rápidos y eficientes.
La Comisión también ha propuesto dos procedimientos de vía rápida que complementan el procedimiento estándar de reembolso existente: un procedimiento de "desgravación en origen" y un sistema de "reembolso rápido" para que el proceso de desgravación sea más rápido y más armonizado en toda la UE.
Se estima que estas nuevas normas ahorren a los inversores alrededor de 5.170 millones de euros al año.
Paolo Gentiloni, Comisario de Economía, ha asegurado que esta iniciativa “ayudará a garantizar que los inversores transfronterizos no paguen impuestos excesivos sobre los dividendos y los pagos de intereses, dando un impulso muy necesario a los mercados de capitales europeos”
Una vez adoptada por los Estados miembros, la propuesta debería entrar en vigor el 1 de enero de 2027.