Bruselas propone extender un año la protección temporal a los ucranianos que huyen de la guerra

La Comisión Europea propuso este viernes extender hasta marzo de 2028 el régimen de protección vigente que permite a la Unión Europea acoger a más de 4 millones de ucranianos, antes de que expire en marzo de 2027, con el objetivo de “proteger a las familias que han construido sus vidas en Europa”. El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, reiteró este viernes el compromiso europeo de apoyo a los ucranianos que huyen de la guerra de agresión rusa y afirmó que, mientras la guerra continúa, el apoyo del bloque “también debe continuar”. En ese contexto, anunció que el Ejecutivo comunitario ha propuesto prolongar la protección temporal hasta el 4 de marzo de 2028, recordando que el régimen vigente expira en marzo de 2027 y subrayando que “y marzo de 2027 es mañana”. Brunner señaló que la medida busca proteger a las familias que han construido sus vidas en Europa y favorecer su integración en las sociedades de acogida, a través del acceso al empleo, la contribución a la economía de la Unión Europea, el aprendizaje del idioma, la escolarización, la creación de negocios y otras formas de participación en la vida económica y social. Al mismo tiempo, indicó que la propuesta de Bruselas tiene en cuenta las necesidades de defensa y de recuperación de Ucrania, que se encuentran en evolución constante. Matizó, en ese sentido, que los Estados miembros no deben otorgar protección temporal a las personas recién llegadas a las que no se les permite salir de Ucrania debido a sus obligaciones militares conforme a la legislación ucraniana, añadiendo que “esto es lo que Ucrania nos ha pedido que hagamos, y esto es lo que estamos haciendo”. La propuesta forma parte, según explicó, de una transición más amplia y gradual desde un marco de protección de emergencia hacia soluciones jurídicas más estables para los refugiados ucranianos en la Unión Europea. En paralelo, Bruselas indicó que elaborará, en estrecha colaboración con los Estados miembros interesados y las autoridades ucranianas, un programa piloto de retorno voluntario y recuperación, destinado a ofrecer apoyo práctico a quienes decidan regresar a Ucrania en ámbitos como el empleo, la vivienda y la educación. La Directiva de Protección Temporal fue activada por primera vez por el Consejo en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Tras la petición de los ministros del Interior el 2 de marzo de 2022, la Comisión propuso su activación, y el 4 de marzo el Consejo la adoptó por unanimidad. Según los últimos datos de la oficina estadística Eurostat, el 30 de abril de 2026 un total de 4,37 millones de ciudadanos extracomunitarios que huyeron de Ucrania contaban con protección temporal en la UE. En comparación con finales de marzo de 2026, el número total de personas procedentes de Ucrania con protección temporal aumentó en 42.990. Los países de la UE que acogieron al mayor número de beneficiarios fueron Alemania, Polonia y la República Checa. Personas con derecho a la protección temporal La Directiva de Protección Temporal establece que tienen derecho a esta protección los nacionales ucranianos que residían en Ucrania y fueron desplazados a partir del 24 de febrero de 2022, junto con sus familiares. También están incluidas las personas apátridas y los nacionales de terceros países distintos de Ucrania que se beneficiaban de protección internacional o de una protección nacional equivalente en Ucrania antes de esa fecha y que fueron desplazados posteriormente, así como sus familiares. Asimismo, se contempla a las personas apátridas y a los nacionales de terceros países que puedan demostrar que residían legalmente en Ucrania antes del inicio de la agresión rusa con un permiso de residencia permanente válido y que no puedan regresar en condiciones seguras y duraderas a su país o región de origen. Sin embargo, en principio no tienen derecho a la protección quienes abandonaron el país antes del 24 de febrero de 2022, aunque la Comisión anima a los Estados miembros a ampliar la protección a estas personas cuando sea posible. La directiva establece además que los Estados miembros deben facilitar el reconocimiento inmediato del derecho a la protección sin exigir un proceso de solicitud formal, aceptando documentación razonable para acreditar identidad, nacionalidad o vínculo familiar, incluso si está caducada. También deben expedir permisos de residencia, registrar los datos personales de los beneficiarios conforme al Reglamento General de Protección de Datos y consultar las bases de datos europeas y nacionales pertinentes, en particular el Sistema de Información de Schengen, antes de emitir dichos permisos. Asimismo, los Estados miembros deben garantizar el acceso a la educación, la atención sanitaria y la asistencia psicosocial, especialmente para menores, así como nombrar tutores o representantes legales para los menores no acompañados lo antes posible. También deben permitir la libre circulación dentro del espacio Schengen, facilitar visados cuando sea necesario, cooperar en la reagrupación familiar, prevenir la trata de seres humanos mediante medidas específicas de protección e información, garantizar el acceso al procedimiento de asilo en cualquier momento y notificar a la Comisión y al Consejo cualquier ampliación de la protección temporal a categorías adicionales de personas.

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