Bruselas multa a Delivery Hero y Glovo con 329 millones por cártel en el reparto de comida a domicilio

La Comisión Europea anunció este lunes la imposición de una multa conjunta de 329 millones de euros a las empresas Delivery Hero y Glovo, tras determinar que ambas participaron en un cártel ilegal que afectó al sector de reparto de comida a domicilio en línea. La investigación concluyó que durante cuatro años (2018–2022), las compañías llevaron a cabo prácticas coordinadas que restringieron la competencia en todo el Espacio Económico Europeo (EEE), lo que llevó a sancionar a Delivery Hero con 223,3 millones de euros y a Glovo con 105,7 millones. Estas prácticas, explicó el Ejecutivo comunitario, constituyen lo que jurídicamente se denomina una “infracción por objeto” del Artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ya que son por naturaleza tan perjudiciales que no es necesario demostrar efectos negativos concretos para que sean sancionables. En concreto, Bruselas consideró que Delivery Hero y Glovo llevaron a cabo una estrategia de coordinación con tres ejes fundamentales. En primer lugar, se comprometieron a no contratar personal de la otra empresa, lo que se conoce como un acuerdo de “no-poach”, limitando así la libre movilidad laboral y reduciendo las oportunidades para los trabajadores del sector. Sobre esta práctica, la vicepresidenta Ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, señaló que “es la primera vez que la Comisión está encontrando empresas por un acuerdo de no captación de empleados”, y explicó que estos acuerdos “superan los salarios y reducen la movilidad laboral”, perjudicando la evolución profesional y limitando la competencia por talento. Además, las empresas intercambiaron información estratégica confidencial, como precios, costes operativos, capacidad de servicio y decisiones comerciales clave. Esta práctica impidió que ambas compitieran abiertamente, favoreciendo una coordinación que minó la competencia efectiva en un mercado muy dinámico y en expansión como es el del reparto de comida y productos a domicilio. Delivery Hero y Glovo pactaron además no entrar en los mercados nacionales donde ya operaba la otra y coordinaron sus planes de expansión en nuevos países para evitar pisarse mutuamente. Todas estas prácticas, explicó Bruselas, se facilitaron a través de la participación minoritaria de Delivery Hero en Glovo, una situación que normalmente no constituye una infracción por sí sola. Sin embargo, en este caso particular, esa participación permitió un contacto constante entre ambas empresas y un flujo de información que sirvió para implementar y sostener el acuerdo ilegal. Ribera destacó que “tener acciones en una empresa competidora no es ilegal por sí mismo, pero puede ser problemático cuando se usa para obtener información sensible e influir en decisiones que pueden dañar la competencia.” La Comisión advirtió sobre los riesgos de la propiedad cruzada entre competidores, subrayando que “si se usa para alinear comportamientos estratégicos, puede tener consecuencias legales graves.” El Ejecutivo comunitario consideró que todas estas prácticas formaban parte de una única infracción continua, y que cubrían la totalidad del EEE. En la fijación del importe de las multas se tomaron en cuenta factores como la duración de la infracción, la extensión geográfica, el impacto potencial en el mercado y la naturaleza multifacética del cártel. Delivery Hero y Glovo aceptaron su responsabilidad y se acogieron al procedimiento de acuerdo de conciliación (settlement), lo que les permitió beneficiarse de una reducción del 10% en el importe final de la multa. Este procedimiento agiliza la resolución de los casos y libera recursos para otras investigaciones, sin afectar el rigor de la sanción. Esta multa, explicó la Comisión, busca disuadir futuros acuerdos similares, proteger la libre competencia en un sector clave de la economía digital, y preservar tanto la libertad de elección de los consumidores como la movilidad y el desarrollo profesional de los trabajadores. Además, la decisión permite que empresas o personas afectadas por esta conducta puedan acudir a los tribunales nacionales para reclamar daños y perjuicios, utilizando la resolución de la Comisión como prueba vinculante de la ilegalidad cometida. En palabras de Teresa Ribera, “las normas de competencia no solo tienen que ver con mantener bajos los precios, sino que también protegen nuestra libertad para elegir, incluyendo dónde queremos trabajar.”

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