Bruselas lleva a España ante el TJUE por inclumplir el Reglamento de Servicios Digitales

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el TJUE por el incumplimiento del Reglamento de Servicios Digitales, que obligaba a todos los Estados miembros a designar y dotar de competencias a una autoridad nacional denominada Coordinador de Servicios Digitales (DSC) antes del 17 de febrero de 2024. Aunque España ha nombrado formalmente a dicha figura, la Comisión señaló en su paquete de infracciones de mayo que el Estado no le ha conferido los poderes necesarios para ejercer sus funciones conforme a lo estipulado en el reglamento. Asimismo, España no ha establecido el régimen sancionador que debe aplicarse en caso de infracciones cometidas por plataformas digitales. Esta doble omisión, advierte Bruselas, impide una aplicación efectiva y homogénea del DSA en territorio español, comprometiendo tanto el buen funcionamiento del mercado digital europeo como la protección de los derechos fundamentales de los usuarios en línea. El papel del Coordinador de Servicios Digitales debe supervisar el cumplimiento del reglamento por parte de plataformas como redes sociales, marketplaces o servicios de alojamiento de contenido; gestionar las denuncias de los usuarios; coordinarse con otros Estados miembros y con la Comisión Europea ante riesgos sistémicos (como la desinformación o los contenidos ilícitos); y aplicar sanciones en caso de incumplimientos. Ante la falta de implementación de estas medidas esenciales, la Comisión considera que España incurre en una infracción continuada y grave del Derecho de la Unión. Por este motivo, ha decidido remitir el caso al TJUE, lo que podría dar lugar a una sentencia condenatoria y, si persiste la situación, a la imposición de sanciones económicas. Otras infracciones Más allá del incumplimiento del DSA, España ha cometido una segunda infracción en el ámbito climático. En este caso, ha recibido un dictamen motivado, que representa el paso previo a una eventual denuncia ante el Tribunal. La infracción consiste en no haber transpuesto de forma completa a su legislación nacional las directivas europeas que reforman el Sistema de Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (EU ETS). Estas directivas, de obligatorio cumplimiento desde diciembre de 2023, son fundamentales para alcanzar los objetivos climáticos de la Unión. Entre otras medidas, amplían el sistema de comercio de emisiones al transporte marítimo, reducen progresivamente los derechos de emisión gratuitos y fortalecen los mecanismos de compensación en el sector de la aviación. La falta de transposición por parte de España compromete la eficacia del sistema en su conjunto, genera desigualdades entre Estados miembros y obstaculiza tanto la competencia leal como la acción climática coordinada a escala europea. De no corregirse a tiempo, este incumplimiento podría traducirse igualmente en sanciones económicas significativas y en un deterioro de la credibilidad institucional de España ante la Comisión y el resto de los Estados miembros.

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