Bruselas investiga las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China

La Comisión ha iniciado formalmente este miércoles una investigación sobre los coches eléctricos subvencionados procedentes de China, como la presidenta Von der Leyen anunció durante el discurso sobre el Estado de la Unión el pasado 13 de septiembre. La investigación determinará si las cadenas de valor de BEV en China se benefician de subvenciones ilegales y si estas subvenciones causan o amenazan con causar un daño económico a los productores de BEV de la UE. La Comisión ha asegurado que siempre que se encuentren pruebas de competencia desleal, actuará “con decisión”. Durante el SOTEU , la presidenta de la Comisión denunció que “ahora los mercados mundiales están inundados de coches eléctricos chinos más baratos. Y su precio se mantiene artificialmente bajo gracias a enormes subvenciones estatales. Esto está distorsionando nuestro mercado”. Así pues, anunció en esa misma intervención la puesta en marcha de una investigación anti-subvención en los vehículos eléctricos procedentes de China, apuntando que “Europa está abierta a la competencia, no a una carrera a la baja". En el documento de aviso emitido este martes, la Comisión expone las pruebas de amenaza, señalando que la Comisión tiene a su disposición pruebas suficientes de que las importaciones subvencionadas del producto investigado procedentes de China han aumentado a un ritmo significativo e indican la probabilidad de un aumento sustancial de las importaciones subvencionadas a bajo precio “que plantearían una amenaza inminente de daño a una industria de la UE que ya es vulnerable”. En cuanto al procedimiento y período de investigación, Bruselas ha explicado que, en primer lugar, se determinará si el producto investigado originario del país afectado está siendo subvencionado y si las importaciones subvencionadas causan un perjuicio a la industria de la Unión. Si las conclusiones son afirmativas, la investigación examinará si la imposición de medidas no iría contra el interés de la Unión. Además, la investigación seguirá procedimientos legales estrictos en consonancia con las normas de la UE y la OMC, lo que permitirá a todas las partes interesadas, incluidas el gobierno chino y las empresas/exportadores, para presentar sus comentarios, pruebas y argumentos. Así pues, la investigación concluirá en un plazo máximo de 13 meses desde su inicio. En caso de estar legalmente justificado, la Comisión podrá imponer derechos antisubvenciones provisionales dentro de los nueve meses posteriores al inicio, y las medidas definitivas se podrán imponer hasta cuatro meses después o dentro de los 13 meses posteriores al inicio de la investigación.

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