Bruselas impulsa una nueva ley para hacer frente a la deforestación global

La ley, aprobada con 552 votos a favor, 44 en contra y 43 abstenciones, obligará a las empresas a garantizar que los productos vendidos en la UE no hayan provocado la deforestación y la degradación forestal. El Parlamento ha presentado una ley para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que 420 millones de hectáreas de bosque, que equivale a un área más grande que la propia Unión Europea, se convirtieron de bosques a uso agrícola entre 1990 y 2020. El consumo de la UE representa alrededor del 10% de esta deforestación global.

Para paliar esta situación, se ha acordado que dentro de la UE, las empresas solo podrán vender productos si el proveedor ha emitido previamente una declaración de "diligencia debida" que confirme que el producto no proviene de tierras deforestadas o ha conducido a la degradación forestal.

Los productos cubiertos por la nueva legislación son: ganado, cacao, café, aceite de palma, soja y madera, incluidos los productos que contienen, han sido alimentados o han sido elaborados con estos productos básicos (como cuero, chocolate y muebles). Además, durante las negociaciones, los eurodiputados agregaron también caucho, carbón vegetal, productos de papel impreso y varios derivados del aceite de palma.

Se llevarán a cabo controles para los que la Comisión clasificará a los países como países de riesgo bajo, estándar o alto. Esta clasificación se realizará a lo largo de los 18 meses posteriores a la entrada en vigor de la ley. La proporción de controles se realizará en función del nivel de riesgo del país: 9% para los países de alto riesgo, 3% para los de riesgo estándar y 1% para los de bajo riesgo.

Las autoridades competentes de la UE realizarán estos controles con la ayuda de herramientas de seguimiento por satélite y análisis de ADN para comprobar de dónde proceden los productos. En caso de incumplir el reglamento, la multa máxima deberá ser de al menos el 4 % del volumen de negocios anual total en la Unión Europea del operador o comerciante infractor.

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