Bruselas emprende acciones jurídicas contra diversos Estados miembros por no cumplir obligaciones del Derecho de la UE

La Comisión Europea ha emprendido acciones jurídicas contra diversos Estados miembros que no han cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión. Según informó hoy la Comisión, estas decisiones, que forman parte del paquete habitual sobre procedimientos de infracción, abarcan distintos sectores y ámbitos de actuación de la Unión Europea, y tienen por objeto velar por la correcta aplicación del Derecho de la Unión en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. Por otro lado, la Comisión ha anunciado que va a archivar sesenta y nueve asuntos que han resuelto los Estados miembros afectados sin que ella haya tenido que seguir adelante con el procedimiento. A continuación se presentan algunas de las principales decisiones que ha adoptado la Comisión, agrupadas por ámbitos de actuación: 1. Medio ambiente PORTUGAL La Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento a Portugal [INFR(2024)2225] por no haber puesto en consonancia plenamente su legislación nacional con la Directiva relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas («Seveso III») ( Directiva 2012/18/UE ). Esta Directiva se aplica a más de doce mil instalaciones industriales de la Unión Europea en las que se utilizan o almacenan grandes cantidades de sustancias peligrosas. Establece normas para prevenir accidentes industriales graves y minimizar sus efectos nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente. Su ámbito de aplicación abarca sectores como la industria química y petroquímica, así como la venta de combustible al por mayor y su almacenamiento. Establece distintos regímenes de seguridad en función de la cantidad de sustancias peligrosas presentes, de modo que las instalaciones en las que se manipulan grandes cantidades están sujetas a obligaciones jurídicas más estrictas. Hasta la fecha, Portugal no ha transpuesto correctamente las disposiciones relativas al ámbito de aplicación de la Directiva, la información al público y los planes de emergencia. Por tanto, la Comisión envía una carta de emplazamiento a Portugal, que dispone ahora de dos meses para responder a ella y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado. SUECIA La Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento a Suecia [INFR(2024)2236] por haber incumplido la Directiva marco sobre el agua ( Directiva 2000/60/CE ). La plena aplicación de las normas de calidad del agua establecidas en la legislación de la Unión es fundamental para proteger la salud humana y el medio ambiente. Esta Directiva exige a los Estados miembros que establezcan un programa de medidas para cada demarcación hidrográfica a fin de garantizar el buen estado de las masas de agua europeas, como los ríos y los lagos. Estas medidas deben incluirse en los planes hidrológicos de cuenca, que deben elaborarse y notificarse a la Comisión cada seis años. Cada programa de medidas debe incluir medidas básicas para controlar los diferentes tipos de captaciones de agua, embalses, vertidos de fuente puntual, fuentes difusas que puedan generar contaminación y cualquier otro efecto adverso significativo sobre la calidad del agua. Los Estados miembros están obligados a revisar y actualizar periódicamente estos controles, incluidos los permisos relacionados con el agua que se hayan concedido para tales fines. La Comisión ya ha iniciado procedimientos de infracción similares contra otros seis Estados miembros (Chipre, Países Bajos, Austria, Eslovenia, Bélgica y Finlandia). La legislación sueca no establece revisiones periódicas de estos controles y, en el caso de algunos de ellos, la frecuencia con la que se llevan a cabo las revisiones no es suficiente. Por ejemplo, el funcionamiento de la mayoría de las presas hidroeléctricas de Suecia se basa en permisos que se remontan al período comprendido entre 1918 y 1978, lo que puede tener consecuencias negativas para la biodiversidad fluvial. Muchas captaciones de agua se llevan a cabo sin permisos, incluso si estas pueden tener repercusiones significativas en el estado de las masas de agua afectadas. Además, los registros de las captaciones de agua, en los que los Estados miembros deben indicar todas aquellas captaciones que tengan un impacto significativo, no son exhaustivos. Por tanto, la Comisión ha decidido enviar una carta de emplazamiento a Suecia, que dispone ahora de dos meses para responder a ella y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado. 2. Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes La Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento a Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Finlandia y Suecia por haber incumplido las normas de la UE relativas a las cualificaciones profesionales (Directiva 2005/36/CE). Estas normas facilitan a los profesionales la prestación temporal y ocasional de sus servicios en diferentes Estados miembros, al tiempo que garantizan la protección de los consumidores y los ciudadanos. De manera excepcional, en el caso de aquellas profesiones que tengan implicaciones para la salud y la seguridad públicas, los Estados miembros podrán llevar a cabo verificaciones de las cualificaciones antes de permitir la prestación de servicios. Estas verificaciones previas pueden retrasar considerablemente el inicio de las actividades y, por tanto, solo pueden imponerse en condiciones estrictas, en particular cuando la falta de cualificaciones profesionales pueda causar daños graves a la salud o la seguridad del destinatario del servicio. La Comisión considera que estos veintidós Estados miembros exigen verificaciones previas injustificadas para varias profesiones que no cumplen las condiciones en las que se permiten tales verificaciones, y ha concentrado esta medida de garantía de cumplimiento en tres ámbitos de especial importancia, a saber, la construcción, el transporte y los servicios prestados a las empresas. Por tanto, la Comisión envía una carta de emplazamiento a Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia, que disponen ahora de dos meses para responder a ella y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado. BULGARIA La Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento a Bulgaria [INFR(2024)4027] por la falta de conformidad de sus normas nacionales con la legislación de la UE sobre contratación pública. La Comisión considera que la Ley de Administración Electrónica que se adoptó en Bulgaria en noviembre de 2019 incumple las obligaciones derivadas de la Directiva sobre contratación pública ( Directiva 2014/24/UE ). Esta Ley búlgara asigna la prestación de servicios electrónicos utilizados por la Administración Pública a una empresa privada, aunque no se cumplan las condiciones para adjudicar directamente un contrato en circunstancias excepcionales. La Comisión considera que los contratos infringen las normas de contratación pública de la UE y violan el principio de igualdad de trato y el de transparencia. Por tanto, la Comisión envía una carta de emplazamiento a Bulgaria, que dispone ahora de dos meses para responder a ella y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado. ESPAÑA La Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento a España [INFR(2024)4029] por haber incumplido los artículos 34 a 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en relación con los requisitos de etiquetado para las instrucciones de clasificación de residuos. En España, los envases domésticos deben indicar en la etiqueta cómo deben ser eliminados. Sin embargo, las autoridades españolas no parecen haber analizado lo suficiente la proporcionalidad de la medida, ya que existen otras opciones adecuadas que son menos restrictivas para los intercambios entre los Estados miembros. Actualmente, la UE carece de normas armonizadas que regulen las instrucciones de clasificación de residuos destinadas a los consumidores. Sin embargo, el nuevo Reglamento sobre envases y residuos de envases, que ahora se encuentra en su fase final de adopción, contiene disposiciones relativas a actos de ejecución para establecer dichas normas armonizadas. Hasta que no se establezcan estos requisitos a nivel de la UE, las leyes nacionales no deben crear una carga innecesaria para el comercio intracomunitario. Los requisitos nacionales de etiquetado pueden suponer un obstáculo importante para el mercado único y atentar gravemente contra el principio de libre circulación de mercancías. Por tanto, la Comisión envía una carta de emplazamiento a España, que dispone ahora de dos meses para responder a ella y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado. ESPAÑA IGUALDAD DE TRATO La Comisión Europea ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a España [INFR(2022)4121] por incumplir la Directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE ) en la adjudicación y prórroga de concesiones por parte de las autoridades españolas. España prevé la posibilidad de adjudicar concesiones para construir locales permanentes (como restaurantes o piscifactorías) en el dominio público marítimo-terrestre simplemente mediante una solicitud previa seguida de una fase de información pública con plazo de veinte días. Sin embargo, la Directiva de servicios establece explícitamente la obligación de llevar a cabo un procedimiento de selección imparcial y transparente. La Comisión considera asimismo que prorrogar la duración de estas concesiones con arreglo a la legislación nacional, que en algunos casos es de hasta setenta y cinco años, infringe la misma disposición en la medida en que supone un derecho preferente en favor de los operadores establecidos. Además, la normativa española restringe indebidamente la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que obstaculiza el acceso a las concesiones por parte de operadores de otros Estados miembros. Por tanto, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a España, que dispone ahora de dos meses para responder a él y adoptar las medidas necesarias. De no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 3. Migración, asuntos de interior y Unión de la Seguridad La Comisión Europea ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a Croacia [INFR(2024)0062], Polonia [INFR(2024)0109], Eslovenia [INFR(2024)0131] y Suecia [INFR(2024)0128] por no haber transpuesto la Directiva sobre la tarjeta azul. La Directiva (UE) 2021/1883, sobre la tarjeta azul de la UE, deroga la Directiva 2009/50/CE y establece las condiciones de entrada y residencia para los nacionales de terceros países altamente cualificados que viajen a la UE y trabajen en ella. Esta Directiva introduce normas más eficientes para atraer a trabajadores altamente cualificados a la UE. Entre estas normas se encuentran, por ejemplo, unas condiciones de admisión más flexibles y mejores derechos, así como la posibilidad de desplazarse a otros Estados miembros de la UE y trabajar en su territorio con más facilidad. Los Estados miembros de la UE (a excepción de Dinamarca e Irlanda, de conformidad con sus respectivos Protocolos ) tenían de plazo hasta el 18 de noviembre de 2023 para transponer la Directiva a sus respectivos ordenamientos jurídicos. Eslovenia y Suecia no han transpuesto la Directiva a su debido tiempo. Por tanto, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a Croacia, Polonia, Eslovenia y Suecia, que disponen ahora de dos meses para responder a él y adoptar las medidas necesarias. De no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 4. Justicia La Comisión Europea ha decidido enviar una carta de emplazamiento complementaria a Austria [INFR(2011)2034] por haber transpuesto incorrectamente la Directiva relativa a la libre circulación ( Directiva 2004/38/CE ). Esta Directiva exige a los Estados miembros permitir y facilitar la entrada y la residencia de los miembros de la familia en sentido amplio de los ciudadanos de la UE. Por consiguiente, estos miembros de la familia gozan de los mismos derechos que los familiares directos. La Directiva establece que los Estados miembros deben conceder el derecho de entrada y residencia a determinados miembros de la familia a cargo de un ciudadano/a de la UE o a su pareja estable, que gozan de los mismos derechos que los miembros de la familia. Con arreglo al Derecho austriaco, a las personas que no poseen la nacionalidad de un Estado miembro no se les expiden los documentos de residencia correctos ni se les conceden determinados derechos en virtud de la Directiva, por ejemplo, el derecho inmediato a trabajar o las condiciones para conservar el derecho de residencia. A la vista de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia que aclara los derechos de los miembros de la familia en sentido amplio y habiendo analizado la legislación adoptada por Austria en 2020 sobre esta cuestión, la Comisión considera que se han transpuesto incorrectamente más disposiciones de la Directiva que cuando se envió la primera carta de emplazamiento, y ha decidido enviar una carta de emplazamiento complementaria. Austria dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado. 5. Movilidad y transporte La Comisión Europea ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a Alemania [INFR(2021)2041] por incumplir el artículo 16, apartado 2, del Reglamento sobre servicios portuarios [ Reglamento (UE) 2017/352 ] en lo que respecta a sus procedimientos para la tramitación de reclamaciones. Dicho artículo exige establecer un procedimiento eficaz para la tramitación de reclamaciones para abordar las cuestiones relacionadas con las normas de los servicios portuarios. Este procedimiento debe estar libre de conflictos de intereses y funcionar con independencia de cualquier autoridad de gestión portuaria o prestador de servicios para garantizar su imparcialidad. El dictamen motivado en cuestión tiene en cuenta que Alemania ha cumplido sus obligaciones de notificación con arreglo al artículo 16, apartado 7, del Reglamento 2017/352. Alemania comunicó haberlo hecho después de que la Comisión incoara el procedimiento de infracción en 2023. Sin embargo, no comunicó ninguna medida en relación con el artículo 16, apartado 2. Por consiguiente, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a Alemania, que dispone ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 6. Estabilidad financiera, servicios financieros y Unión de los Mercados de Capitales La Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento a España [INFR(2024)4021] por no haber designado a las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento del Reglamento (UE) n.º 260/2012 (Reglamento SEPA) por parte de las autoridades públicas. Hasta la fecha, no hay autoridades competentes en España para abordar cualquier incumplimiento del Reglamento SEPA por parte de autoridades públicas que se nieguen a efectuar o recibir pagos (adeudos domiciliados o transferencias) hacia o desde cuentas de otros Estados miembros. Se trata de una práctica ilegal, también conocida como «discriminación por IBAN». Esto priva a consumidores y empresas del derecho a presentar una reclamación contra esta práctica ante una autoridad competente en España. Por tanto, la Comisión ha decidido enviar una carta de emplazamiento a España, que dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión. De no recibirse una respuesta satisfactoria, la Comisión podría optar por emitir un dictamen motivado.

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