Introducción
La Unión Europea vuelve a situar la defensa en el centro de su agenda política. No es la primera vez que Bruselas habla de “autonomía estratégica”, pero sí es la primera en muchos años en que ese concepto deja de ser un eslogan diplomático para convertirse en una necesidad estructural. La combinación de guerra prolongada en Ucrania, tensiones en Oriente Medio, inestabilidad en el mar Rojo y un escenario transatlántico menos previsible ha acelerado una reflexión que llevaba tiempo latente: ¿puede Europa garantizar su propia seguridad si Estados Unidos reduce su implicación directa? ¿Está preparada para hacerlo? ¿Y quiere realmente asumir ese coste político y presupuestario?
Las últimas declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apelando a “dar contenido real” a la cláusula de defensa mutua del artículo 42.7 del Tratado de la Unión, no son casuales. Forman parte de un clima político en el que la defensa ya no es un asunto técnico reservado a expertos militares, sino una cuestión existencial para el proyecto europeo.
Un cambio de tono en Bruselas
Durante décadas, la seguridad europea se apoyó en una arquitectura clara: la OTAN como pilar central, Estados Unidos como garante último y la Unión Europea como actor económico y normativo. Esa división de funciones permitió a los Estados miembros concentrarse en el bienestar interno mientras externalizaban, en gran medida, la disuasión estratégica.
Ese modelo empieza a mostrar grietas. La guerra de agresión rusa contra Ucrania demostró que el conflicto convencional en suelo europeo no es un recuerdo del siglo XX. Al mismo tiempo, la posibilidad de una menor implicación estadounidense en la defensa del continente —en función de la evolución política en Washington— obliga a Europa a prepararse para escenarios en los que el paraguas transatlántico no sea automático.
El discurso comunitario ha cambiado en dos dimensiones. Primero, en el reconocimiento explícito de que la seguridad es un bien europeo compartido. Segundo, en la aceptación de que esa seguridad exige recursos financieros, coordinación industrial y voluntad política sostenida.
Del concepto a la capacidad real
Hablar de autonomía estratégica es relativamente sencillo; convertirla en capacidad operativa es otra cosa. La Unión Europea dispone de instrumentos como la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), el Fondo Europeo de Defensa y los proyectos conjuntos de adquisición de armamento. Sin embargo, la fragmentación industrial y la duplicación de sistemas siguen siendo obstáculos estructurales.
Europa invierte en defensa, pero lo hace de forma dispersa. Existen decenas de plataformas distintas de armamento, cadenas logísticas no interoperables y una coordinación limitada en investigación y desarrollo. Mientras Estados Unidos opera con una arquitectura integrada, la UE continúa arrastrando inercias nacionales.
El reto no es solo aumentar el gasto —algo que muchos Estados ya están haciendo— sino racionalizarlo. La defensa común exige economías de escala, planificación conjunta y, sobre todo, confianza política entre socios. Y ahí aparece la cuestión de fondo: la defensa toca el núcleo de la soberanía nacional.
La cláusula de defensa mutua: ¿símbolo o compromiso real?
El artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea establece que, si un Estado miembro es víctima de agresión armada, los demás deberán prestarle ayuda y asistencia. Esta cláusula se activó por primera vez tras los atentados terroristas en Francia en 2015, pero su aplicación fue esencialmente bilateral y limitada.
Convertir esa disposición en un compromiso operativo real implicaría dotarla de planificación previa, ejercicios conjuntos y mecanismos de respuesta estructurados. Es decir, pasar de la solidaridad política a la previsión estratégica.
Sin embargo, la coexistencia con la OTAN plantea interrogantes. Veintitrés de los veintisiete Estados miembros pertenecen a la Alianza Atlántica. Para ellos, el marco natural de defensa colectiva sigue siendo el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. La construcción de una defensa europea más robusta no puede percibirse como competencia, sino como complemento.
El equilibrio es delicado: fortalecer la autonomía sin debilitar la alianza transatlántica.
Opinión pública y legitimidad democrática
Un elemento nuevo en esta fase es el respaldo ciudadano. Las encuestas europeas reflejan una percepción creciente de amenaza y un apoyo mayoritario al refuerzo de la política común de defensa. Ese respaldo otorga legitimidad política a decisiones presupuestarias que, hace apenas una década, habrían sido impopulares.
No obstante, el apoyo no es homogéneo. Las sensibilidades varían según la proximidad geográfica a Rusia, la tradición estratégica nacional y la cultura política interna. Para los Estados del Este, la amenaza es inmediata y tangible; para otros, la prioridad sigue siendo la estabilidad económica y social.
La Comisión y el Consejo deberán gestionar esas diferencias para evitar que la defensa se convierta en un nuevo eje de fractura entre “europeos de primera” y “europeos de segunda”.
La dimensión industrial: defensa como política económica
La defensa europea no es solo una cuestión militar; es también una política industrial. El impulso a la producción conjunta de munición, sistemas de defensa antiaérea y tecnologías emergentes —desde drones hasta inteligencia artificial aplicada al ámbito militar— tiene implicaciones económicas profundas.
La guerra en Ucrania ha evidenciado carencias en la capacidad productiva europea. Reponer arsenales y sostener el apoyo a Kiev requiere una base industrial sólida y coordinada. En este contexto, la defensa se entrelaza con la estrategia de competitividad, la autonomía tecnológica y la reducción de dependencias externas.
Europa se enfrenta así a un doble desafío: garantizar su seguridad y, al mismo tiempo, reforzar su tejido industrial frente a competidores globales.
España ante la nueva etapa
Para España, este debate no es abstracto. La posición geográfica, con especial atención al flanco sur, el Mediterráneo y el Atlántico, introduce prioridades específicas: seguridad marítima, control de rutas energéticas, estabilidad en el Sahel y protección de infraestructuras críticas.
El incremento del gasto en defensa y la participación en proyectos industriales europeos ofrecen oportunidades para el sector tecnológico y naval español. Pero también exigen claridad estratégica: ¿qué papel quiere desempeñar España en una eventual arquitectura de defensa europea más integrada?
La respuesta condicionará tanto su peso político en Bruselas como su capacidad de influencia en el diseño de nuevas estructuras.
¿Hacia una Unión geopolítica?
Desde hace años se habla de la “Comisión geopolítica”. Ese concepto cobra ahora un sentido más concreto. Una Unión que aspira a ser actor global no puede limitarse a la regulación del mercado digital o a la política climática; necesita instrumentos de poder duro.
El dilema es evidente: la integración en materia de defensa implica cesiones de soberanía y decisiones rápidas, a menudo alejadas de los ritmos tradicionales del consenso europeo. La UE deberá conciliar su cultura deliberativa con la urgencia estratégica.
Si logra avanzar, la defensa común puede convertirse en un factor de cohesión y madurez política. Si fracasa, la brecha entre discurso y capacidad real erosionará su credibilidad internacional.
Conclusión
Europa se encuentra en un punto de inflexión. La defensa ha dejado de ser una cuestión secundaria para convertirse en el núcleo de su debate sobre autonomía, soberanía y futuro político. La guerra en su vecindad, la volatilidad global y la incertidumbre transatlántica obligan a decisiones que durante años se pospusieron.
La pregunta ya no es si la Unión Europea necesita una defensa más sólida, sino cómo y a qué velocidad está dispuesta a construirla. En esa respuesta se juega algo más que su seguridad: se juega la coherencia de su ambición geopolítica.
El tránsito de la retórica a la capacidad real será la verdadera prueba de madurez del proyecto europeo en esta década.
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