El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado en el Congreso que la Administración General del Estado está “trabajando” para que el acuerdo sobre el futuro encaje de Gibraltar en la Unión Europea pueda empezar a aplicarse a partir del próximo 15 de julio “una vez que tanto la Unión como el Reino Unido completemos los procedimientos internos de aprobación y firma del texto”.
“El acuerdo histórico ya es una realidad, el último elemento pendiente de la nueva relación Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit es un enorme salto adelante en términos de estabilidad y de prosperidad en la vida de 300.000 andaluces del campo de Gibraltar y también una nueva etapa en la relación entre España y el Reino Unido”, afirmó el ministro este jueves, 9 de abril, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para informar sobre el acuerdo.
“La Administración General del Estado, con la colaboración inestimable del Ayuntamiento de la Línea, estamos trabajando para la aplicación del acuerdo a partir, previsiblemente, del 15 de julio, como hemos decidido el 1 de abril todos los Estados miembros de la Unión Europea en Bruselas, una vez que tanto la Unión como el Reino Unido completemos los procedimientos internos de aprobación y firma del texto”, anunció Albares, en referencia a la reciente aprobación, por parte del Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros de la UE (COREPER), de los textos del acuerdo y de las decisiones relativas a su firma y a su aplicación provisional.
Según Albares, “el acuerdo supone la desaparición de la verja, el último muro de Europa continental”, lo que implicará que, “por primera vez, las personas y las mercancías que entran y salgan de Gibraltar pasan a ser controladas por las autoridades españolas”. “Los controles Schengen de las personas que entran a Gibraltar por el puerto y el aeropuerto se realizan por parte de la Policía Nacional Española, garantizando así la integridad de la zona Schengen y las mercancías lo serán en los puestos aduaneros españoles designados en el acuerdo”, prosiguió.
Asimismo, según el ministro, “la responsabilidad de España para velar por la integridad del acervo Schengen y de la Unión Aduanera también se extiende al personal de la base y a los bienes que entren o salgan de ella, que por lo tanto deberán identificarse ante las autoridades españolas”. “Es la primera vez en la historia que España tendrá esa información sobre lo que entra y sale en la base”, aseguró.
El texto, prosiguió, “también atribuye a las autoridades españolas la competencia y la responsabilidad para realizar las funciones de control en las fronteras exteriores Schengen, esto es, inspecciones fronterizas en los pasos fronterizos establecidos en el aeropuerto y el puerto y vigilancia de fronteras en otros espacios”. En este sentido, precisó, “España dispondrá de plenas competencias para aplicar la normativa europea en esta nueva frontera exterior de la Unión”.
Por otra parte, según Albares, el tratado “establece un mecanismo de evaluación específico que se efectuará cuatro años después del comienzo de la puesta en ejecución del acuerdo y que permitirá su denuncia en caso de estimarse necesario, estando la Unión Europea obligada a iniciar el procedimiento de restricción del acuerdo si lo solicita España como resultado de esta evaluación”.
“Además, se crea un mecanismo bilateral que obligará por primera vez a las partes a consultarse sobre el impacto ambiental transfronterizo de cualquier proyecto, lo que incluye específicamente rellenos y vertidos”, agregó. Asimismo, “por primera vez también, España supervisará conjuntamente el cumplimiento de las normas aplicables al aeropuerto situado en el Istmo”, aseguró.
Según Albares, “una de las principales prioridades para España a lo largo de las negociaciones ha sido garantizar los derechos de los trabajadores transfronterizos que quedan totalmente garantizados”. “El acuerdo establece un alto nivel de protección para los trabajadores transfronterizos e incluye todas las disposiciones necesarias en materia de seguridad social y también garantiza que los ciudadanos de la Unión Europea que residen legalmente en España, así como sus familiares, disfruten en Gibraltar del derecho a ejercer una actividad por cuenta ajena y a desempeñarla sin discriminación y en igualdad de condiciones de empleo y trabajo”, agregó.
Por otra parte, Albares recordó que “el acuerdo incluye en su artículo 2 una cláusula explícita y clarísima que salvaguarda nuestra posición en materia de soberanía y jurisdicción”. “No hay cesión alguna en materia de soberanía, todo lo contrario”, insistió.
Carlos Floriano
En su turno de intervención, el portavoz del PP en la Comisión de Exteriores, Carlos Floriano, tiró de ironía para afirmar que, “efectivamente, este es un acuerdo histórico, porque hay que remontarse siglos para encontrar una oportunidad perdida, como la que nos dio el Brexit, para avanzar en la recuperación de la colonia que el Reino Unido mantiene en nuestro país”.
“Tras el Brexit, el Consejo de la Unión Europea dejó claro que ningún acuerdo sobre Gibraltar podría salir adelante sin el consentimiento de España”, recordó. “Era una posición de fuerza inédita, un momento propicio para poner sobre la mesa cuestiones como la soberanía, sobre la que tenemos a favor no solo la última posición de la Unión Europea, sino resoluciones de la ONU que consideran a Gibraltar un territorio no autónomo sometido a la descolonización de acuerdo con el principio de integridad territorial, cuyo futuro tendrá que ser sometido a negociación entre el Reino Unido y España”, prosiguió.
Por ello, según Floriano, el Gobierno “ha tirado por la ventana la mejor oportunidad que ha tenido España para dar pasos” en favor de la soberanía. “Si no ha reclamado la soberanía o un periodo de transición de cosoberanía, ¿entonces qué ha hecho el Gobierno? Exactamente lo contrario, ha dado pasos atrás, ha decidido autoexcluirse, diluir la negociación en el marco de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido y renunciar a ejercer el poder que tenía”, denunció.
“No es que hayan perdido una negociación difícil, es que, sencillamente, no han querido dar una batalla que podíamos haberla dado”, reprochó Floriano a Albares. “Se han entregado sin pedir nada a cambio, y eso dice muy poco de un negociador: han renunciado a nuestra posición en el Sáhara, han renunciado a nuestra posición en Gibraltar” y, a partir de ahora, “se hará cuando la Unión Europea considere y quiera, ya no tenemos el poder que teníamos”, lamentó.
“Han conseguido que España no avance hacia la soberanía, que un Gobierno español reconozca de facto soberanía británica sobre espacios reclamados por España, que los gibraltareños mejoren su posición dentro de la Unión Europea cuando el Reino Unido la ha abandonado y niega a los diputados españoles la posibilidad de votar sobre esta materia”, prosiguió.
“Los diputados ingleses en el Parlamento podrán votar, pero nosotros no, y no será porque la Unión Europea, la Comisión o el Consejo lo hayan impedido, sino porque el Gobierno español ha preferido que los españoles, que los diputados españoles no nos pronunciemos sobre esta materia, como nos faculta el artículo 94 de la Constitución”, denunció.
