La UE afirma que la investidura de Maduro "carece de legitimidad" y anuncia nuevas sanciones

La Unión Europea ha advertido este viernes, tras la toma de posesión en Venezuela, que “Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente” y ha anunciado la adopción de “un nuevo paquete de sanciones dirigidas contra quince personas responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho o los derechos humanos en Venezuela, con objeto de respaldar una solución negociada y democrática a la crisis”. Nicolás Maduro ya ha tomado posesión del cargo en la sede de la Asamblea Nacional. El Gobierno español no envió ningún tipo de representación a la investidura, por considerar que no se puede dar “legitimidad a unos supuestos resultados que no eran contrastables y que no eran verificables y que instituciones que habían sido observadoras oficiales, como la fundación Carter o como las propias Naciones Unidas, cuestionaban abiertamente”, según explicó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Esta postura fue secundada por el resto de Estados de la UE. “La Unión Europea se solidariza con el pueblo venezolano, que votó pacíficamente el 28 de julio de 2024 para determinar el futuro de su país”, declaró este viernes la alta representante para Política Exterior y de Seguridad de la UE, Kaja Kallas, tras el acto de investidura. La declaración ha sido difundida también por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha destacado, en declaraciones a The Diplomat, el “papel de liderazgo” jugado por España en el seno de la UE. “Millones de venezolanos votaron a favor del cambio democrático al apoyar en gran mayoría a Edmundo González Urrutia, de acuerdo con las copias de las actas electorales disponibles para el público”, prosiguió. “Dado que las autoridades se han negado a publicar las actas oficiales de los colegios electorales, los resultados anunciados todavía no han sido verificados y no pueden considerarse representativos de la voluntad del pueblo”, denunció. “Las autoridades venezolanas han perdido una oportunidad decisiva para respetar la voluntad del pueblo y asegurar una transición democrática transparente con garantías para todos”, lamentó Kallas. “En consecuencia, Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente”, advirtió. Desde el día de las elecciones, según la UE, “las autoridades venezolanas han endurecido la represión y el acoso contra la oposición y la sociedad civil y sus familias, encarcelando a voces disidentes y obligando a su propia ciudadanía a vivir con miedo o a exiliarse”. En este periodo, según Kaja Kallas, “se ha detenido a más de 2 500 ciudadanos, entre ellos menores, y, aunque la UE toma nota de la liberación de algunos de ellos, ninguna de estas personas debería haber estado privada de libertad ni un solo día”. Por todo ello, “la UE insta a las autoridades venezolanas a que pongan fin a todas las detenciones injustas y arbitrarias, también las de ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad, y a que liberen sin condiciones a todos los presos políticos”. Según la alta representante, “Venezuela debe cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Derecho internacional, como por ejemplo las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares”. Por ello, prosiguió, “instamos a las autoridades a que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos, incluido el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión”. La UE acoge con satisfacción el regreso a Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) como un paso en la dirección correcta. Instamos a Venezuela a que colabore de manera constructiva y efectiva con una ACNUDH de pleno derecho, así como con la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, la Corte Penal Internacional y los mecanismos regionales pertinentes”, manifestó la jefa de la diplomacia europea. NUEVAS SANCIONES “A la luz de esta situación”, anunció Kallas, “el Consejo ha decidido adoptar un nuevo paquete de sanciones dirigidas contra quince personas responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho o los derechos humanos en Venezuela, con objeto de respaldar una solución negociada y democrática a la crisis”. "Concretamente, según ha precisado el Consejo, estas personas son miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), del poder judicial y de las fuerzas de seguridad. Esta decisión eleva a 69 el número total de personas sujetas a sanciones, que incluyen la congelación de activos y la prohibición de proporcionar fondos o recursos económicos tanto directa como indirectamente a las personas incluidas en la lista. Además, están sujetos a prohibiciones de viaje en la Unión Europea". “La UE no ha adoptado ninguna medida que pueda perjudicar al pueblo o a la economía de Venezuela. La responsabilidad de poner fin a la crisis en Venezuela recae en sus autoridades. La revocación de las sanciones de la UE estará sujeta a que se logren avances tangibles en el ámbito de los derechos humanos y del Estado de Derecho en Venezuela, y a que se den pasos importantes hacia un diálogo auténtico y una transición democrática”, advirtió. Asimismo, prosiguió, “en 2025, la Unión Europea seguirá abordando las necesidades urgentes de la población venezolana, que sufre las consecuencias de la prolongada crisis humanitaria”. “Solo el año pasado, la UE destinó casi 75 millones de euros a aliviar el sufrimiento de la población más vulnerable”. “La Unión Europea apoya a todas las personas que defienden los valores democráticos en Venezuela, entre los que se encuentran los defensores de los derechos humanos. La UE seguirá trabajando con toda la población venezolana, así como con los socios regionales e internacionales, para fomentar el diálogo y una salida democrática a la crisis, bajo el liderazgo de los venezolanos, que restablezca la estabilidad política, el crecimiento económico y el bienestar social para los millones de venezolanos que se enfrentan a necesidades críticas. La UE proseguirá los contactos selectivos con las instituciones y con los agentes políticos y de la sociedad civil a fin de abordar las preocupaciones y de facilitar un diálogo constructivo sobre los derechos humanos y la transición a la democracia”, concluyó la declaración.

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