El Consejo fija posición sobre una ley básica de la UE en derecho concursal

El Consejo adoptó hoy su posición sobre los elementos clave de una propuesta de directiva destinada a armonizar determinados aspectos de la legislación sobre insolvencia. Según informó hoy el Consejo, e sta orientación general parcial se centra en las medidas destinadas a preservar la masa de la insolvencia, los deberes de los administradores en caso de insolvencia y las obligaciones de transparencia. La aproximación de los regímenes nacionales de insolvencia hará que la UE resulte más atractiva para los inversores. En la actualidad, los inversores transfronterizos deben tener en cuenta 27 normas de insolvencia diferentes a la hora de evaluar una oportunidad de inversión. Bence Tuzson, Ministro de Justicia de Hungría, ha afirmado que "un clima favorable para la inversión es una condición previa para impulsar la competitividad de la UE. Esta ley de insolvencia de la UE eliminará un obstáculo importante para las inversiones transfronterizas". ACCIONES DE EVITACIÓN Con el fin de alcanzar unas normas mínimas a escala de la UE que impidan a los deudores reducir el valor que los acreedores pueden obtener tras la insolvencia de una empresa, el Consejo ha acordado una serie de disposiciones relacionadas con las acciones de anulación. Las acciones de anulación son mecanismos para impugnar las operaciones del deudor antes del inicio del procedimiento de quiebra y, de este modo, proteger la masa de la insolvencia frente a la sustracción ilegítima de activos. RASTREO DE ACTIVOS Estas disposiciones exigen que los Estados miembros designen tribunales o autoridades que estén facultados, a petición de un administrador concursal, para acceder y buscar en los registros nacionales centralizados de cuentas bancarias de todos los Estados miembros información sobre los activos que pertenecen o deberían pertenecer a la masa de la insolvencia. La propuesta también garantiza el acceso de los administradores concursales a los registros de titularidad real y a determinados registros y bases de datos nacionales. Su objetivo es mejorar el acceso de los administradores concursales , independientemente del país en el que estén establecidos, a la información sobre cuentas bancarias y otra información pertinente sobre los activos. Los Estados miembros pueden mantener las medidas existentes o introducir otras nuevas que faciliten aún más el acceso de los administradores concursales a la información. DEBER DE LOS DIRECTORES Otra medida para maximizar el valor de recuperación para el acreedor es alinear las normas nacionales relativas a la obligación de los administradores de solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia en el plazo previsto. La posición del Consejo garantiza que los administradores deben presentar la solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia en el plazo de tres meses a partir de que tengan conocimiento de que la empresa se encuentra en dificultades financieras. Los Estados miembros también pueden disponer que esta obligación se suspenda si adoptan medidas destinadas a evitar daños a los acreedores de la empresa insolvente y garantizar un nivel de protección de los acreedores equivalente a la protección proporcionada por la obligación de solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia. TRANSPARENCIA Otra medida para reducir la barrera a la hora de invertir en otro Estado miembro implica nuevas obligaciones para que los países de la UE elaboren una hoja informativa con información práctica sobre las principales características de sus leyes nacionales sobre procedimientos de insolvencia.

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