Investigaciones penales: el Consejo adopta una posición sobre la transferencia de procedimientos entre Estados miembros

El Consejo ha acordado su posición negociadora (orientación general) sobre una propuesta de ley de la UE relacionada con la transferencia de procedimientos en materia penal. La propuesta tiene como objetivo evitar procedimientos paralelos innecesarios y contribuir a una administración eficaz y adecuada de la justicia penal en los Estados miembros.

"El hecho de que un acto delictivo afecte a varios países de la UE puede hacer que el procesamiento sea más exigente. Por eso nuestros sistemas judiciales deben adaptarse a los nuevos desafíos de la delincuencia transfronteriza. Esta posición de los Estados miembros es un paso importante para hacer que el sistema judicial de la UE sea más eficaz y proteger mejor los derechos fundamentales", ha declarado Félix Bolaños, ministro español de Justicia.

MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Este reglamento, una vez adoptado, establecerá normas sobre la transferencia de procesos penales entre Estados miembros. Mejorará el respeto de los derechos fundamentales en el proceso de remisión de procesos penales e impulsará la eficiencia y la seguridad jurídica.

También ayudará a prevenir la impunidad cuando se deniegue la entrega de una persona a otro Estado miembro en virtud de una orden de detención europea.

NORMAS COMUNES PARA LA REMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS

En el futuro, las autoridades de un país decidirán solicitar la transferencia del procedimiento (a otro país) sobre la base de una lista de criterios comunes. Estos criterios incluyen:

el delito se ha cometido en el territorio del Estado miembro al que se va a trasladar el procedimiento uno o más sospechosos o acusados ??son nacionales o residentes en ese estado miembro uno o más sospechosos o acusados ??están presentes en el Estado miembro al que se trasladarán las actuaciones la mayoría de las pruebas pertinentes para la investigación o la mayoría de los testigos pertinentes se encuentran o residen en ese Estado miembro.

El reglamento también incluye obligaciones con respecto a los derechos de los sospechosos y acusados, así como de las víctimas, al decidir sobre un traslado.

El país al que se le ha pedido que transfiera el procedimiento debe informar al otro país sobre su decisión –si acepta o rechaza la transferencia– a más tardar 60 días después de haber recibido la solicitud. Este plazo podrá ampliarse hasta un máximo de 30 días.

DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO

Los sospechosos, imputados y víctimas tendrán derecho a un recurso judicial efectivo contra la decisión de aceptar el traslado del proceso penal. Podrán ejercer este derecho en el país al que se traslada el proceso penal.

Habrá un plazo para interponer recurso judicial no superior a veinte días contados a partir de la fecha de recepción de la resolución de aceptación del traslado del proceso penal. El Consejo ha acordado que la decisión final sobre el recurso legal debe tomarse sin demoras indebidas y, cuando sea posible, en un plazo de 60 días.