El CGPJ comunica a la UE que ve en los pactos de Sánchez con ERC y Junts la abolición del Estado de Derecho

En sus escritos a las principales autoridades europeas aseguran que suponen un ataque a la independencia judicial y la separación de poderes. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en conocimiento de las principales autoridades de la Unión Europea que consideran que los pactos suscritos por el PSOE con ERC y Junts per Catalunya para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno suponen la abolición del Estado de Derecho.

El Consejo ha remitido dos declaraciones recientes de este organismo oponiéndose a los citados pactos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la vicepresidenta del Gobierno comunitario, Vera Jourova; al comisario de Justicia, Didier Reynders; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell; así como a la presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia, Dalia Vasariene.

En la misiva, dirigida a la Red Europea de Consejos de Justicia, se informa de "los graves episodios de ataque al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial que se están viviendo en España". "Con el fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del Gobierno de España, el actual presidente del Gobierno en funciones ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad por diversos delitos, entre ellos delitos de corrupción", afirma en su texto.

El CGPJ alerta de que "el pacto incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes". "En opinión del CGPJ, dichos pactos, tanto por su finalidad como por su contenido, suponen la abolición del Estado de Derecho en España y un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes", indica.

Como soporte documental, le remite la declaración institucional adoptada el pasado lunes por el Pleno del CGPJ -con nueve votos a favor del sector conservador, cinco en contra del ala progresista y el voto en blanco del presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte- donde se advierte de que la aprobación de una ley de amnistía supondrá la "abolición" del Estado de Derecho en España.

Envía también el aprobado el jueves en una sesión extraordinaria por la Comisión Permanente, que cuenta con el respaldo de 12 vocales tanto conservadores como progresistas y un voto en contra de la vocal progresista Pilar Sepúlveda, donde el órgano expresa su "frontal oposición" a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto ‘lawfare’ y anticipa que actuará por "los cauces legalmente establecidos". El CGPJ pide a la presidenta que ponga esta comunicación y los documentos adjuntos "a disposición de los demás miembros y observadores de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, con la petición añadida de que la difundan en sus propios poderes judiciales".

Los acuerdos alcanzados por el PSOE con Junts provocaron el jueves un comunicado conjunto de rechazo por parte de las distintas asociaciones de jueces, incluida la Asociación de Jueces y Juezas para al Democracia, considerada de carácter progresista. A ellos se unió la Asociación de Fiscales que subrayó que el pacto refleja “un absoluto desprecio” al Estado de Derecho.

CARTA DE MIL JURISTAS EN APOYO DE LA AMNISTÍA

Por el contrario, mil juristas, entre los que se encuentran el ex juez de la Audiencia Nacional (AN) Baltasar Garzón y varios diputados de Sumar, han suscrito el manifiesto ‘Por la Amnistía, la Democracia y la Convivencia’, y han remitido cartas a las instituciones y autoridades de la UE donde defienden la futura ley.

Según comunicado difundido por IU, en sus cartas, advierten de que los detractores de la futura ley son "una minoría intolerante", que busca "desestabilizar el país" porque no ha aceptado el resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio.

Entre los firmantes están el magistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Mora, diputados de Sumar como Jaume Asens y Enrique Santiago, el diputado de los ‘comunes’ Gerardo Pisarello, el abogado del ‘procés’ Jaume Alonso-Cuevillas –que llegó a representar al ex presidente catalán Carles Puigdemont– o la ex vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez.

El comunicado pone de manifiesto que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, "perteneciente a la familia liberal europea, dirigió hace unos días oficialmente un escrito a los ministros de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y de Justicia, Pilar Llop, para pedirles explicaciones sobre una ley que aún no está registrada y reclamando ‘información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista".

La formación política enfatiza que "Reynders envió su misiva tras recibir con anterioridad una carta impulsada por la organización conservadora Citizens Pro Europe con una copia de la declaración que suscribían unos 300 profesionales manifestándose contra de la ley de amnistía por ‘inconstitucional’ y contraria al Estado de Derecho".

REACCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

La Comisión Europea calificó este viernes de "novedad" la carta remitida a Bruselas por el Consejo General del Poder Judicial tras el acuerdo entre PSOE y Junts pero rehusó comentarla e indicó en que está a la espera de recibir las informaciones solicitadas al Gobierno español sobre la futura ley de amnistía.

"No tenemos la costumbre de responder aquí, en la sala de prensa, a las cartas dirigidas a la presidenta de la Comisión. Responderemos a las personas que nos escribieron. El hecho de haber recibido una carta, efectivamente, es algo nuevo. Pero (...) analizaremos la situación en función de la información que hemos solicitado a las autoridades españolas", dijo el portavoz comunitario Eric Mamer en la rueda de prensa diaria de la Comisión. El mismo portavoz consideró que actuar de esa manera "es la forma más rigurosa de proceder".

Por otra parte, subrayó que "las comunicaciones entre la Comisión y las autoridades españolas son comunicaciones bilaterales y, como tales, normalmente deberían permanecer confidenciales".

El portavoz recordó que esta semana la Comisión ha solicitado información a las autoridades españolas sobre la ley de amnistía y que está "a la espera" de recibirla "para poder realizar un análisis basado en todos los elementos relevantes". Añadió que Bruselas no tiene "ningún comentario que hacer en este momento". "Las autoridades españolas nos han dicho que nos enviarán la información pertinente y esa información es la que estudiaremos", indicó.

De momento la CE no está al tanto de ningún "borrador de ley" y solo sabe "a través de las noticias de los medios del acuerdo entre los partidos políticos" sobre esa ley, señaló el mismo portavoz. Recordó que Bruselas ha recibido cartas de ciudadanos y organizaciones expresando "preocupación" por esa normativa pero precisó que el Ejecutivo comunitario "no ha expresado preocupaciones sobre algo que no ha visto".

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