La propuesta de la Comisión para el nuevo órgano ético es insatisfactoria, según los eurodiputados

La propuesta se presentó el pasado mes de junio como respuesta al Catargate. Pero los eurodiputados denuncian en una resolución que carecerá de poder real y de capacidad sancionadora. En una resolución adoptada con 365 votos a favor, 270 en contra y 20 abstenciones, el Parlamento califica el proyecto de acuerdo sobre el órgano de ética de "insatisfactorio y poco ambicioso, quedándose corto respecto a un auténtico órgano de ética", tal y como preveía la Eurocámara hace ya dos años.

También lamenta que la Comisión haya propuesto que sólo cinco expertos independientes formen parte del órgano (uno por institución de la UE) y únicamente como observadores, en lugar del órgano de nueve personas compuesto por expertos independientes en ética que el Parlamento había pedido anteriormente. Los eurodiputados insisten en que el órgano de ética debe poder investigar presuntas infracciones de las normas éticas, y también tener potestad para solicitar documentos administrativos (respetando la inmunidad y la libertad de mandato de los eurodiputados). Debe tener autoridad para investigar presuntas infracciones de las normas éticas por iniciativa propia y ocuparse de casos individuales si una institución participante o cualquiera de sus miembros lo solicita, subrayan. Los eurodiputados también subrayan que el organismo debería poder emitir recomendaciones de sanciones, que deberían hacerse públicas junto con la decisión adoptada por la institución respectiva o una vez transcurrido un plazo.

Otros puntos clave planteados en la resolución son la necesidad de que los expertos independientes que se ocupen de casos concretos colaboren con el miembro del organismo que represente a la institución afectada, la capacidad del organismo para recibir y evaluar declaraciones de intereses y patrimonio, y su función de sensibilización y orientación.

Los eurodiputados también lamentan que la propuesta no incluya al personal de las instituciones, que ya está sujeto a obligaciones comunes, y subrayan la necesidad de que el organismo proteja a los denunciantes de irregularidades, en particular a los funcionarios públicos europeos.