Los eurodiputados a favor de incrementar la velocidad de la congelación de activos

La nueva legislación sobre incautación de bienes de origen delictivo garantizaría la rapidez y eficacia de las operaciones de embargo preventivo en toda la UE, así como una indemnización más rápida a las víctimas. La comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo aprobó el martes, por 50 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, un proyecto de posición sobre nuevas normas para acelerar el embargo preventivo y el decomiso de bienes y colmar lagunas jurídicas. Las negociaciones a tres bandas fueron autorizadas con 53 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

En comparación con la legislación vigente, la nueva directiva cubriría también el tráfico de armas de fuego, ciertos delitos cometidos como parte de una organización criminal y la violación de sanciones de la UE. En su posición, los eurodiputados proponen incluir también el tráfico ilegal de material nuclear, los delitos que entran dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, el apoderamiento ilegal de aviones y barcos, y el sabotaje.

El texto acordado colmaría las lagunas garantizando la rápida congelación de activos, con medidas de urgencia temporales en caso necesario. La propuesta también tomará medidas enérgicas contra quienes eludan el decomiso con la ayuda de un tercero, y permitirá el decomiso en determinados casos en los que no sea posible una condena, por ejemplo en caso de enfermedad o fallecimiento de un sospechoso.

Para que las investigaciones transfronterizas sean más eficaces, la ley armonizará las competencias de las oficinas de recuperación de activos creadas por los Estados miembros, garantizando que tengan acceso a la información necesaria, como registros de beneficiarios efectivos, información sobre valores y divisas, datos aduaneros y estados financieros anuales de las empresas. Por último, para evitar que los activos se degraden, los Estados miembros tendrían que crear oficinas específicas para gestionar los activos confiscados.

Los eurodiputados también quieren garantizar que las víctimas sean compensadas antes de la confiscación, especialmente en casos transfronterizos, y permitir que los activos confiscados se utilicen para fines sociales o de interés público.

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