La comisión de Peticiones vota una denuncia sobre la inseguridad en numerosos barrios en Cataluña

La reunión de esta semana de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo tiene en la agenda la votación sobre una petición que denuncia la situación de inseguridad que estarían sufriendo los vecinos en numerosos barrios de Cataluña. Además, se debatirán otras dos peticiones españolas: una sobre reubicación y compensación por daños y perjuicios causados por obras en la red pública del ferrocarril metropolitano de Madrid, y otra sobre las condiciones laborales de las trabajadoras del calzado de Elche. La primera petición, que se presentó en nombre de la ‘Plataforma por unos barrios seguros’ sobre el supuesto “declive de la ley y el orden experimentado por los residentes de numerosos barrios de Cataluña” será uno de los primeros puntos del orden del día, con la apertura de una votación electrónica en la que se decidirá si se mantiene abierta y se traslada a las autoridades españolas o si se da cierre al recorrido de la misma. La iniciativa argumenta que la descoordinación en el intercambio de información entre las autoridades de la ley y el orden debería ser mejorada y asegura que habría un fracaso a la hora de hacer cumplir la ley por parte tanto de las autoridades municipales de Barcelona como a nivel regional en Cataluña, lo que estaría causando un aumento en los índices de criminalidad y la sensación de la opinión pública de que no están a salvo en los barrios en los que viven.

La segunda petición, presentada en nombre de la ‘Asociación de Afectados Metro de Madrid Rafael Alberti y Presa de San Fernando de Henares’, relata las situaciones de desperfectos en las viviendas de varios residentes de la localidad de San Fernando de Henares que se habrían producido por las obras que comenzaron en 2004 para extender la línea 7 de metro de Madrid hasta las localidades de Coslada y San Fernando de Henares. La petición expone que a pesar de las revisiones, inspecciones y acuerdos con el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y diferentes entidades locales para reparar la situación, no se estarían poniendo en marcha las medidas efectivas necesarias para aliviar temporalmente la situación de habitabilidad para las personas y familias afectadas. Por ello, se pide la adopción urgente de medidas políticas y legislativas por parte de las autoridades españolas y también del Parlamento Europeo para aliviar inmediatamente la situación de pérdida de viviendas y desahucios provocadas por estas obras públicas.

La tercera petición, presentada en nombre de la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado, denuncia las condiciones de trabajo de las trabajadoras del sector del calzado de Elche, que según la peticionaria ejercen su trabajo en sus casas, en talleres clandestinos o en fábricas, por lo que estarían siendo invisibilizadas, maltratadas por la industria y víctimas de la economía sumergida, además de que un alto porcentaje de las mismas estarían sufriendo problemas de salud como dolores musculares o trastornos psicológicos, según recoge un estudio de la Universidad de Alicante. Por ello, la petición pide que se combata la precariedad y se mejoren las condiciones laborales y sociales.

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