Castilla-La Mancha y Gobierno enfrentados por el uso del aeropuerto de Ciudad Real como centro de acogida de inmigrantes

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado contundente para tratar de evitar que el Ejecutivo central convierta el aeropuerto de Ciudad Real en un "auténtico gueto social", con la creación de un centro de acogida de inmigrantes. De esta forma, el gobierno castellano-manchego, que preside el socialista, Emiliano García Page, rechaza la posibilidad de que se acondicionen estas instalaciones de propiedad privada, ubicadas "en medio de la nada" y en desuso desde hace 13 años, como lugar de acogida de inmigrantes. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha confirmado que están "valorando la posibilidad" de abrir un centro de emergencia "de carácter temporal" en ese aeropuerto para atender a las personas llegadas a las costas españolas y derivadas desde Canarias, Baleares y otros puntos en la Península como Murcia, Almería y Alicante. Fuentes del Ministerio de Inclusión aclaran que se están "realizando los estudios y análisis pertinentes para concluir la definitiva idoneidad del proyecto" y, que, "una vez finalicen, la misma será confirmada junto con las principales características" del recinto "en caso de ser definitivamente considerado viable". Sin embargo, en el Ejecutivo de Page recalcan que "el problema no es que vengan inmigrantes", sino "tratarlos de esa manera". "Antes de hacinar a la gente en barracones en medio de la nada se podrían explorar otras posibilidades para alojarlos en condiciones de más dignidad. ¿Es mejor un barracón en un aeropuerto que tratar con dignidad a esos seres humanos en los recursos residenciales que tiene el Gobierno en toda España, también en Castilla-La Mancha?", se preguntan. El aeropuerto de Ciudad Real pertenece a una empresa privada, Ciudad Real Internacional Airport (CRIA), por lo que el Ministerio que dirige la también socialista Elma Saiz tendría que abonarle dinero por hacer uso de sus instalaciones. CONTRADICCION Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado que esta decisión «entra dentro de la normalidad» y que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se pusieron en contacto con el Ejecutivo castellanomanchego para «explicarle el procedimiento», aunque no ha mencionado en qué momento lo hizo. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno ha reiterado, sin embargo, que estas conversaciones se enmarcan dentro de «un clima de absoluto trabajo colaborativo y de diálogo» y que, «como no puede ser de otra manera», ha insistido, «siempre se habla con todas las administraciones». En esa línea, y tras el revuelo suscitado por la noticia, Alegría ha tachado la polémica de «artificial e irreal» y ha subrayado que el Gobierno central valora «cientos de emplazamientos» como el aeropuerto de Ciudad Real para «aliviar» la presión migratoria que actualmente padece Canarias. Sin embargo, el Gobierno está en contra de la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de crear centros de deportación de migrantes fuera de territorio comunitario, lo que se pondrá encima de la mesa de la cumbre de líderes que se celebra mañana jueves y viernes en Bruselas. En esa misa rueda de prensa, la ministra portavoz, Alegría, ha fijado la "posición en contra" de España y ha defendido la aplicación del Pacto de Migración y Asilo de forma "humanitaria y solidaria" . Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, por su parte, han desmentido las explicaciones de Alegría y han aclarado que, al contrario de lo que ha insinuado la ministra-portavoz, fue la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien se puso en contacto con la Secretaría de Estado de Migraciones, que confirmó los planes del Gobierno una vez que trascendió a los medios de comunicación. «Llamamos nosotros cuando nos enteramos y, por supuesto, no hemos consensuado nada», han trasladado esas mismas fuentes del Ejecutivo que lidera Emiliano García-Page.

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