Seguridad hídrica en España: el conflicto judicial de San Javier rodeado de desinformación alerta a las instituciones en Bruselas

El agua y su gestión es, desde hace años, un reto que forma parte de la agenda de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Según la Comisión Europea, en 2019 el 38 % de los habitantes de la UE se vieron afectadas por la escasez de agua, lo que supuso un coste económico anual de entre 2.000 y 9.000 millones de euros para toda la Unión. Aunque el continente europeo no es uno de los más afectados por la escasez de agua, el último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático asegura que “en los próximos años los problemas asociados con los recursos hídricos se agudizarán” debido a una combinación de factores como el crecimiento demográfico, la contaminación ambiental, la degradación de los ecosistemas y la intensificación de los efectos del cambio climático.

En este contexto, el concepto de seguridad hídrica adquiere cada vez más relevancia en la comunidad internacional, ya que la ONU lo define como “la capacidad de una población para garantizar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para diversos fines, la protección contra la contaminación transmitida por el agua y las catástrofes, y la preservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política”.

Sin embargo, esta “seguridad hídrica” es un concepto que, en la práctica, resulta difícil de llevar a cabo, sobre todo en las regiones del sur de Europa, donde la sequía ya forma parte de la realidad de múltiples territorios. Un ejemplo es la situación hídrica actual del municipio murciano de San Javier, localidad del Mar Menor con graves problemas medioambientales y donde la gestión de las aguas locales se encuentra bloqueada por una adjudicación paralizada, complejos procesos judiciales e incluso ataques de desinformación.

LA GESTIÓN DEL AGUA EN LOS TRIBUNALES

La “seguridad hídrica” no ha llegado a esta pequeña localidad de Murcia de poco más de 35.000 habitantes. La gestión de las aguas de San Javier se ha visto paralizada cuando el Ayuntamiento cambió de empresa adjudicataria después de 29 años.

Tras el concurso público que concluyó con la adjudicación del contrato a la empresa Aqualia el octubre pasado, el grupo político PLEAMAR -agrupación vecinal que se presentó a las elecciones por primera vez en 2019- presentó una denuncia ante la Fiscalía de Cartagena, denunciando supuestas “irregularidades y fraudes en el proceso de licitación”. A su vez, dos de las compañías que también se habían presentado al concurso, -Gestagua e Hidrogea (Agbar), anterior gestor del servicio, interpusieron sendas demandas apelando a esas mismas supuestas “irregularidades y fraudes en el proceso de licitación” y sobre la base de que el proceso estaba bajo vigilancia de la Fiscalía. El órgano judicial archivó la denuncia por falta de indicios, pero eso no impidió que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales anulara la adjudicación, lo que conllevó la presentación de diferentes recursos por parte de Aqualia y el Ayuntamiento y que el proceso judicial no afectara al servicio de gestión de aguas.

LA DESINFORMACIÓN COMO HERRAMIENTA DE BLOQUEO DE LA LICITACIÓN

El proceso judicial no es la única vía que ha bloqueado el cambio de adjudicación del servicio. Según un informe de investigación adjunto al contencioso que está ahora mismo en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y al que ha tenido acceso este medio y que está a disposición de todas las partes, el proceso de licitación de las aguas de San Javier ha estado envuelto en un proceso de desinformación.

Este documento asegura que “se ha podido comprobar que durante el período comprendido entre noviembre de 2021 y diciembre de 2023 se publicaron 316 noticias en prensa relacionadas con la Licitación de San Javier y Aqualia. De esas 316 noticias, 276 tenían un contenido negativo, y, una parte significativa de las mismas hace referencia a la posible existencia de un conflicto de interés, corrupción y a una investigación por parte de la fiscalía”.

Según se desprende de esta auditoría, el grueso de dichas noticias fue publicado por el Grupo Editorial On (216), seguido por Mercados y Estilos de Vida S.L. “Merca2” (17 noticias) y Corporate Communicator, S.L. “El Plural” (16 noticias). En concreto el Grupo Editorial On ha utilizado hasta 91 cabeceras distintas siendo todas las noticias del Grupo Editorial On similares. Además, el informe también destaca que, en algunos casos, las noticias aparecen firmadas por perfiles falsos.

LA SEGURIDAD HÍDRICA DE SAN JAVIER EN JUEGO

La situación actual de las aguas de San Javier se aleja de la seguridad hídrica, ya que el proceso judicial y la supuesta desinformación revelada por el informe impiden que se estén llevando a cabo las actuaciones necesarias, destacando el saneamiento de las aguas residuales urbanas, algo que preocupa en Bruselas, según han confirmado a Aquí Europa en fuentes comunitarias.

Este bloqueo en la gestión de las aguas de la localidad puede agravar el deterioro medioambiental de una región donde la sequía acecha por tercer año consecutivo y donde los agricultores y ganaderos del secano han sufrido pérdidas que alcanzan los 289 millones de euros en los últimos dos años como consecuencia de la escasez de agua, que impide el normal desarrollo de sus cosechas y explotaciones.