El TJUE determina que el licitador ilegalmente excluido de un procedimiento puede reclamar una indemnización

La justicia europea concluyó este miércoles que e la Directiva exige a los Estados miembros conceder una indemnización por daños y perjuicios a las personas perjudicadas por una infracción del Derecho de la Unión en materia de contratación pública, incluido el derivado de la pérdida de la oportunidad de participar en un procedimiento de contratación pública. El TJUE dio este jueves la razón a e la empresa INGSTEEL, que en 2013 participaba en un consorcio que la Asociación eslovaca de fútbol excluyó alegando que cumplía los requisitos del anuncio de licitación relativos, en particular, a su capacidad económica y financiera.

A pesar de que el Tribunal Supremo eslovaco anuló dicha exclusión, el contrato ya se había adjudicado al único licitador restante. INGSTEEL llevó el caso al Tribunal Comarcal de Bratislava II, pidiendo una compensación por los daños sufridos debido a la exclusión del consorcio del que formaba parte, por lo que el este tribunal pidió al TJUE que aclarara si "la Directiva sobre los medios de recurso en materia de contratos públicos se opone a la normativa o a la práctica nacionales eslovacas que parecen descartar la posibilidad de que un licitador ilegalmente excluido de un procedimiento de contratación pública sea indemnizado por el perjuicio sufrido como consecuencia de la pérdida de la oportunidad de participar en dicho procedimiento".

La justicia europea determinó que, según la Directiva, los Estados miembros deben proporcionar indemnización a las empresas perjudicadas por infracciones de esta normativa, incluyendo la pérdida de la oportunidad de participar en un proceso de contratación pública.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclaró que un perjuicio puede producirse no solo cuando una empresa no obtiene un contrato público, lo que podría resultar en una pérdida de beneficios, sino también cuando una empresa es injustamente excluida del proceso de licitación, perdiendo la oportunidad de competir por el contrato.

Así pues, el TJUE concluyó que la Directiva "se opone a una normativa o práctica nacional que impida indemnizar a un licitador excluido ilegalmente de un procedimiento de contratación pública por el perjuicio sufrido como consecuencia de la pérdida de la oportunidad de participar en dicho procedimiento para obtener la adjudicación del contrato correspondiente".