España encabeza el primer puesto en infracciones ambientales de la UE

El pasado 7 de febrero, la Comisión denunció a España ante el Tribunal Europeo de Justicia en dos ocasiones por infracciones hacía el medio ambiente. Bruselas afirma que el país lleva años vulnerando la normativa de residuos y no ha completado sus planes contra las inundaciones. Las transgresiones se focalizan en la gestión del agua, la protección de la naturaleza y el manejo de los residuos : Bruselas ha llevado a España ante los tribunales por un control ineficaz de los desechos y los niveles de depuración, con altos niveles de contaminación y restos de agricultura y ganadería.

Debido a estas dos infracciones, España vuelve a liderar el ranking en este ámbito con 22 expedientes verdes activos , le sigue Polonia con 20 casos, Italia con 18 y Grecia con 17 infracciones.

En 2021, España dejó el primer puesto en la lista tras siete años seguidos en el top 1 de infracciones ambientales en Europa. En aquel entonces contaba con 24 casos expedientes verdes activos.

En ese mismo año había 368 casos abiertos, en el presente son 288 . Si se analiza cada país, Francia ha pasado de 18 a 13; Grecia de 22 a 17, Italia se mantiene en 18, Portugal ha bajado de 18 a 12 y Eslovaquia ha rebajado su paquete de infracciones de 20 a 15.

España enfrenta uno de sus mayores desafíos en la aplicación de la política y el Derecho de la UE en materia de medio ambiente, específicamente en el tratamiento de aguas residuales urbanas. El 21 de diciembre de 2023, Bruselas denunció a España ante los magistrados europeos debido a que 29 aglomeraciones urbanas aún no contaban con colectores adecuados para el tratamiento de aguas residuales y en otras 225, los niveles de depuración eran insuficientes.

En 2024, España fue nuevamente señalada por el retraso en la redacción de los planes hidrológicos y de sequía de Fuerteventura, La Palma y Lanzarote, y además fue condenada por la contaminación de aguas causada por vertidos agrícolas y ganaderos. La ausencia de medidas estrictas en regiones con alta actividad agrícola y ganadera, como Aragón, la Región de Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, resultó en niveles excesivos de nitratos en las masas de agua, evidenciando la gestión deficiente del recurso hídrico.

España también enfrenta demandas de la UE para implementar " medidas necesarias para evitar un mayor deterioro" del delta del Llobregat, amenazado por el proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat, y para llevar a cabo acciones que reduzcan las capturas accidentales en la pesca. Cetáceos como delfines y marsopas, así como aves como las pardelas, suelen enredarse y morir en sedales y anzuelos de flotas pesqueras comerciales. La presión europea ha llevado al Ejecutivo español a diseñar un Plan Nacional para reducir estas capturas accidentales en la actividad pesquera.

Aunque no se considera una infracción, Bruselas ha señalado como una carencia en la política ambiental de España la necesidad de "mejorar la fiscalidad y reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente". A pesar de esto, los impuestos verdes en España han alcanzado su nivel más bajo en la última década, destacando una discrepancia entre las políticas actuales y las recomendaciones europeas para una fiscalidad más ecológica.