El Consejo y el Parlamento han aprobado un acuerdo provisional que prohíbe que en el mercado de la UE se comercialice con productos fabricados a través de mano de obra forzada. El acuerdo propone modificaciones a la propuesta original que esclarece las responsabilidades de la Comisión y de las autoridades competentes en el proceso de investigación y toma de decisiones.
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