El cargador universal USB-C, único permitido en la UE a partir de mañana

El cargador USB-C es el único permitido a partir de mañana sábado en una amplia gama de aparatos electrónicos que se comercialicen en la Unión Europea (UE). Los Estados miembros tenían hasta el 28 de diciembre para aplicar la directiva europea que obliga a que todos los teléfonos móviles, tabletas, cámaras digitales, auriculares, libros electrónicos, teclados, ratones, consolas de videojuegos, altavoces y sistemas de navegación incorporen un cargador único, de tipo USB-C. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de la UE encaminada a reducir los residuos electrónicos e informar a los consumidores de manera que puedan tomar decisiones más sostenibles. Los ordenadores portátiles tienen de plazo hasta el 28 de abril de 2026 para cumplir la normativa. Por otro lado, la directiva también armoniza los requisitos de carga rápida y ofrece a los consumidores la opción de no recibir un nuevo cargador con cada compra de dispositivo. Los fabricantes deberán actualizar sus embalajes para mostrar claramente la información sobre las características de carga y lo que se incluye con cada compra. Esta normativa permite mitigar, por tanto, el llamado 'bloqueo tecnológico', por el que un consumidor se vuelve cautivo de un fabricante concreto al adquirir uno de sus dispositivos. El objetivo de esta ley es triple: garantizar la comodidad de los consumidores, reducir los residuos electrónicos y evitar la fragmentación del mercado de los dispositivos de carga, según el texto de la directiva. El sistema que regía hasta ahora, en el que compartían espacio el USB 2.0 Micro B, el USB-C y el Lightning (exclusivo de Apple) gracias a un acuerdo voluntario de 2009, contribuía aún a generar hasta 11.000 toneladas al año de residuos electrónicos, según las estimaciones de la Comisión Europea. La normativa pretende atajar esta cifra permitiendo a los consumidores comprar nuevos dispositivos electrónicos sin tener que adquirir un cargador adicional, lo que ahorrará a los ciudadanos hasta 250 millones de euros anuales en cargadores innecesarios.

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