360 grados: Bruselas reprende a Italia, Hungría y Eslovaquia sobre el Estado de Derecho

La Comisión Europea ha publicado la nueva edición de su Informe sobre el Estado de derecho, que muestra la persistencia de problemas en la libertad de prensa. En esta quinta edición, la institución que presiden la alemana Ursula von der Leyen no deja muy bien parada a Italia, Hungría y Eslovaquia. El concepto de Estado de derecho es fundamental para el funcionamiento de la UE, ya que garantiza que todas las acciones gubernamentales se realicen dentro de un marco legal claro y predecible, y que todos los ciudadanos y entidades están sujetos a la ley.

La UE sigue comprometida con la defensa del Estado de derecho, pero enfrenta desafíos internos significativos. La tensión entre los valores europeos fundamentales y las políticas de algunos Estados miembros ha llevado a un debate sobre cómo abordar mejor estos problemas sin socavar la cohesión de la UE.

La Comisión Europea y otras instituciones continúan promoviendo el diálogo y la cooperación para resolver problemas relacionados con el Estado de derecho. La implementación efectiva de reformas y el respeto a los principios democráticos son áreas clave de enfoque.

Cabe destacar de este extenso informe las críticas de la Comisión Europea a Italia, Hungría y Eslovaquia por su continuo deterioro de las normas democráticas, que amenaza la persecución efectiva de la corrupción, la independencia del sistema judicial y la seguridad de los periodistas.

Así, este año se insta a Italia a hacer más para garantizar la financiación adecuada de los medios de comunicación públicos, proteger el secreto profesional de los periodistas y reformar su régimen de difamación.

El llamamiento se produce en medio de la preocupación en Italia por la creciente influencia política en el sector de los medios de comunicación, los supuestos episodios de censura, el acoso a las voces críticas y la posible adquisición de la agencia de noticias AGI por un político de extrema derecha.

Este año se insta a Italia a hacer más para garantizar la financiación adecuada de los medios de comunicación públicos, proteger el secreto profesional de los periodistas y reformar su régimen de difamación.

El llamamiento se produce en medio de la preocupación en Italia por la creciente influencia política en el sector de los medios de comunicación, los supuestos episodios de censura, el acoso a las voces críticas y la posible adquisición de la agencia de noticias AGI por un político de extrema derecha.

HUNGRÍA

Sobre Hungría, la Comisión muestra una falta total de avances en varios ámbitos, como las normas sobre grupos de presión y puertas giratorias, el enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel, la transparencia en la publicidad estatal, la independencia editorial de los medios públicos y los obstáculos que dificultan el trabajo de las ONG.

En los últimos años, Bruselas ha iniciado numerosos procedimientos de infracción contra Budapest, el último de ellos por la llamada "Oficina de Protección de la Soberanía", facultada para investigar a personas y organizaciones que reciben financiación extranjera y son sospechosas de influir en el debate político y los procesos electorales del país.

Bruselas ha reaccionado a la persistente tendencia al retroceso democrático congelando más de 30.000 millones de euros de la parte asignada a Hungría de los fondos de cohesión y recuperación, una situación que el primer ministro Viktor Orbán denunció repetidamente como "chantaje financiero".

Un desenlace similar podría producirse pronto en Eslovaquia. El país lleva meses bajo la lupa por una serie de cambios legislativos encabezados por el Gobierno del primer ministro Robert Fico, que han puesto a Bruselas en estado de alerta. El principal de ellos es la reforma de la radiotelevisión pública, 'RTVS', que este mes fue disuelta y sustituida por una nueva entidad, conocida como 'SVTR'.

Según Fico, la reforma era necesaria para hacer frente a la parcialidad política de 'RTVS', que describió como "en conflicto con el gobierno eslovaco". Estas afirmaciones fueron rebatidas por la organización y desencadenaron las protestas del "Jueves Negro".

A raíz de las críticas, incluidas las de la Comisión, el Gobierno suprimió las partes más polémicas de la reforma, como la creación de un consejo para supervisar la programación, pero mantuvo una disposición que permitía a la mayoría gobernante controlar el consejo de administración de 'SVTR'.

En cuanto a España, documento es agridulce. Por un lado, reprocha al poder político sus críticas a los jueces o que se haya nombrado a una presidenta de RTVE sin aprobación del Congreso, pero destaca el acuerdo para renovar el CGPJ "si se cumple" y las llamadas a una mayor transparencia de la publicidad institucional en los medios de comunicación.

Preocupa a la Comisión el abuso de los procedimientos de emergencia para aprobar algunas leyes, en particular la de Amnistía, al tiempo que recomienda que se garantice la separación en el tiempo entre el nombramiento de los fiscales generales y su paso previo por el Gobierno, "siguiendo los estándares de independencia y autonomía de los fiscales", en una clara referencia al polémico nombramiento de Dolores Delgado.

"Proteger el Estado de derecho es un trabajo continuo", manifestó el miércoles Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión para Valores y Transparencia, al presentar las principales conclusiones. "Vemos que sigue siendo necesario tomar medidas".

El informe "no nombra ni avergüenza, ni elogia a nadie", añadió, calificándolo de "herramienta preventiva" para fomentar el diálogo y sensibilizar. Con todo, el ejercicio pone inevitablemente la lupa sobre determinados países sospechosos de alejarse de las normas de la UE.